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Por Redacción YSKL
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes la revocación de más de 100,000 visas a personas que, según la institución, tuvieron problemas con las autoridades estadounidenses por actividades delictivas.
La medida incluyó alrededor de 8,000 visas de estudiante y 2,500 visas especializadas, principalmente vinculadas a personas que tuvieron encuentros con las autoridades estadounidenses por actividades delictivas.
La institución norteamericana señaló que continuará con las deportaciones para “mantener la seguridad de Estados Unidos”, en el marco de una política de control migratorio reforzada impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Cifras récord y motivos principales
La mayoría de las revocaciones correspondió a viajeros de negocios y turismo que sobrepasaron el tiempo autorizado de estadía, según una nota informativa de FOX News, compartida por el propio Departamento de Estado.
No obstante, una parte relevante habría involucrado a estudiantes internacionales y trabajadores especializados.
Un portavoz del Departamento explicó que “una mayoría de los estudiantes y trabajadores que perdieron su visa tuvo encuentros criminales con las autoridades”.
En el caso de los trabajadores especializados, el 50 % de las revocaciones estuvo relacionado con presuntos arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que el resto se vinculó a supuestos cargos como agresión, robo, abuso infantil, fraude y delitos relacionados con sustancias.
Estudiantes y delitos asociados
Las autoridades estadounidenses detallaron que cerca de 500 estudiantes perdieron su visa por posesión o distribución de drogas, mientras que cientos de trabajadores extranjeros fueron señalados por presuntos casos de abuso infantil.
Estas decisiones, según el Departamento de Estado, forman parte de una política de “verificación continua” aplicada a extranjeros con estatus legal vigente.
Tommy Piggott, portavoz adjunto principal de la institución, afirmó que la administración mantendrá “una postura agresiva de cumplimiento” a través de su nuevo Centro de Verificación Continua, bajo el principio de que “una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”.
Endurecimiento de estándares migratorios
Durante 2025, el Departamento de Estado también aplicó criterios más estrictos para la obtención de visas, incluyendo la reactivación de la regla de “carga pública”, que permite negar visas a solicitantes considerados propensos a depender de beneficios estatales.
Esta evaluación incluye factores como salud, edad, competencia en inglés y solvencia económica.
En agosto de 2025, la administración anunció además la revisión de los 55 millones de extranjeros con visas válidas, ampliando el alcance del control migratorio más allá de nuevas solicitudes.
Visas de estudiante bajo mayor escrutinio
A finales de mayo de 2025, el gobierno estadounidense ordenó la suspensión temporal de nuevas entrevistas para visas F, M y J, correspondientes a estudiantes académicos, vocacionales y visitantes de intercambio.
La medida buscó ampliar la revisión de antecedentes mediante redes sociales y estuvo vigente durante cuatro semanas.
Posteriormente, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó que los solicitantes de estas visas deben configurar sus cuentas de redes sociales como públicas, para facilitar la verificación de identidad y admisibilidad.
El incumplimiento, advirtió la autoridad consular, podría interpretarse como un intento de evadir el proceso y derivar en el rechazo de la solicitud.
Aspectos que evalúan los consulados
En el marco de estas políticas, los consulados estadounidenses consideran diversos elementos durante la revisión de solicitudes y estatus de visa, entre ellos:
- Contenido en redes sociales que muestre actitudes hostiles hacia EE. UU., sus instituciones o principios.
- Posibles vínculos o apoyo a grupos terroristas designados.
- Manifestaciones antisemitas.
- Indicios de que el solicitante no respetará los términos de su visa.
Estas verificaciones se complementan con bases de datos especializadas y se aplican incluso a personas que ya cuentan con visas previas, como parte de un enfoque que el Departamento de Estado define como una decisión de seguridad nacional.