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Por Redacción YSKL
El Ministerio de Vivienda informó que técnicos de la Unidad de Permisos de Construcción del Sistema de Vivienda acudieron este lunes a la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA) para solicitar de manera oficial el expediente completo de permisos del proyecto habitacional Ciudad Marsella, con el objetivo de verificar que las autorizaciones otorgadas cumplan con lo establecido en la normativa vigente.
La titular de Vivienda, Michelle Sol, indicó que la OPVSA deberá entregar la información en un plazo máximo de 24 horas, como parte del proceso de revisión administrativa iniciado tras las afectaciones registradas por las lluvias del sábado por la noche en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Según la funcionaria, la revisión busca “verificar que cada autorización cumpla con lo establecido en la ley” y determinar si los permisos y recepciones de obra fueron otorgados conforme a los procedimientos requeridos.
Documentación requerida para la revisión
Como parte del proceso, el Ministerio de Vivienda solicitó a la OPVSA el expediente completo del proyecto, que incluye, entre otros, los siguientes elementos:
- Factibilidades y permisos otorgados
- Diseños de ingeniería y memorias de cálculo
- Recepciones de obras de urbanización y viviendas
- Bitácora de seguimiento y supervisiones
- Permiso de habitar
La institución señaló que esta documentación permitirá establecer el estado real del proyecto y la legalidad de las autorizaciones emitidas.
Señalamientos por cobros y afectaciones a familias
El anuncio se da en el contexto de los señalamientos realizados por Vivienda contra la empresa desarrolladora del proyecto Ciudad Marsella II, a la que se le atribuyen prácticas de cobro calificadas como irregulares.
Según Sol, algunas familias habrían pagado cuotas mensuales de entre $500 y $800 sin que esos montos se reflejaran como abono al precio final de la vivienda.
La ministra afirmó que estos pagos operaban “como una forma de alquiler” y se exigían incluso cuando las obras no estaban concluidas. También sostuvo que se identificó negligencia de la empresa en relación con las inundaciones que afectaron preliminarmente a unas 20 viviendas.
Medidas administrativas y suspensión de la empresa
Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas anunciaron la suspensión nacional de permisos de construcción y parcelación para la empresa Salazar Romero y sus compañías aliadas.
Posteriormente, el Gobierno informó la inhabilitación de Global Developers, S.A. de C.V., desarrolladora del grupo, mientras continúan las investigaciones.
Entre las disposiciones comunicadas por las autoridades se incluye la prohibición de seguir cobrando cuotas a las familias, la suspensión de desalojos mientras no exista una recepción formal de obras y la suspensión de créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV) vinculados a la empresa.
El comunicado oficial establece además que “todo monto cancelado deberá ser descontado del valor total pactado de la vivienda” y que la empresa deberá asumir el 100 % del costo de los daños ocasionados.
Inspecciones técnicas y fallas detectadas
De manera paralela, equipos técnicos del Ministerio de Vivienda, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos desarrollan la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) en la zona afectada.
La ministra señaló que, de forma preliminar, se observaron fallas en el sistema de drenaje, las cuales serán verificadas con el censo técnico.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, indicó que se constataron obras inconclusas, como calles sin finalizar y drenajes incompletos, lo que habría contribuido a la acumulación de agua en el quartier 11, la parte más baja del proyecto.
Posición de la empresa constructora
Por su parte, Global Developers informó que asumirá la reparación de las viviendas afectadas y la indemnización por daños en enseres.
La empresa señaló que realizó evaluaciones junto a las familias y que garantizará la compensación a la totalidad de los afectados.
También indicó que las personas que decidan devolver la vivienda podrán hacerlo y recibir la devolución de lo pagado, conforme al proceso de revisión establecido, mientras continúan las verificaciones técnicas y administrativas por parte de las autoridades.