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Por: Redacción YSKL
Tras los recientes incidentes que afectaron a las familias residentes en el complejo habitacional Ciudad Marsella, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, brindó una actualización detallada sobre las investigaciones técnicas y las medidas que el Gobierno de El Salvador ha impuesto a la empresa constructora. Según la funcionaria, los peritajes realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Protección Civil y los técnicos de Vivienda descartan que el proyecto esté ubicado en una zona de riesgo natural, atribuyendo los daños a errores humanos y técnicos durante la fase de ejecución.
La ministra Sol fue enfática al señalar que las investigaciones determinaron responsabilidades directas sobre el manejo de la obra, afirmando que «se identificó negligencia de parte de la empresa y la necesidad de reestructurar y mejorar los procesos constructivos». Aclaró que, para tranquilidad de los habitantes, no se trata de una zona de peligro, sino que las inundaciones fueron producto de «meramente un descuido y que, lastimosamente, cayó esa lluvia y provocó que todos los drenajes se taparan de una manera completa».
En cuanto a la legalidad de los terrenos, se confirmó que el proyecto cuenta con los permisos correspondientes y respeta el límite de 25 metros de retiro solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente para proteger la zona colindante. No obstante, la ministra advirtió que la empresa aún tiene pendiente cumplir con la reforestación de dicho perímetro con árboles nativos. La inspección técnica concluyó que el colapso de los drenajes fue causado por la falta de protección en las zonas de trabajo, específicamente en el cuartier 13, donde la acumulación de ripio, concreto y tierra obstruyó las tuberías durante la tormenta.
Ante esta situación, el Gobierno ha condicionado la continuidad del proyecto a la reparación total de los daños y al cumplimiento de nuevos requerimientos técnicos. «La empresa está obligada a realizar las reparaciones de las viviendas afectadas, ejecutar las obras de mitigación y finalizar las obras urbanas de los cuartieres habitados que se encuentran incompletos», detalló Sol, especificando que las deficiencias se concentran en los cuartieres del 10 al 14.
Uno de los puntos más críticos señalados por la titular de Vivienda fue la práctica de la empresa de entregar viviendas sin haber finalizado las obras de urbanización y mitigación de su entorno, cobrando bajo la modalidad de alquiler con promesa de venta. «No se puede entregar una vivienda en esa condición por ninguna razón», sentenció la ministra, informando que se ha ordenado la devolución de los montos pagados por alquiler o reserva a aquellas familias que decidan desistir de la compra. Además, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) mantendrá suspendida la formalización de créditos en la zona hasta que se verifique que cada cuartier esté 100% terminado y seguro.
Finalmente, Michelle Sol aseguró que, gracias a la intervención conjunta con la Defensoría del Consumidor, la empresa ya comenzó a indemnizar a las familias afectadas por la pérdida de bienes materiales.
Aunque los trabajos de construcción continúan para finalizar las obras de mitigación pendientes, la ministra garantizó una supervisión estricta y constante: «El problema y la falla que ha tenido la empresa ha sido entregar casas cuando no se han terminado las obras urbanas y de mitigación. Esa práctica deben de pararla y deben garantizarle a las familias un proyecto 100% terminado».
