Estudiantes de la UES rechazan propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas por posibles impactos en servicios públicos

Por: Redacción YSKL. –

Representantes de organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador (UES) expresaron su rechazo a la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, al considerar que podría afectar el acceso a servicios gratuitos como la educación y la salud.

Integrantes del colectivo UES En Resistencia señalaron que, aunque la iniciativa mantiene restricciones en áreas como seguridad, justicia o explotación de recursos, abre la posibilidad de establecer alianzas en sectores como la educación pública, la salud y la educación superior.

Según expusieron, la propuesta permitiría la suscripción de contratos de largo plazo entre el Estado y empresas privadas, que incluirían cobros de tarifas a los usuarios, pagos estatales, garantías para inversionistas y mecanismos para convertir iniciativas privadas en proyectos públicos. “La ley facilita que se hagan negocios sobre bienes, servicios y funciones que son derechos del pueblo salvadoreño”, indicaron.

Asimismo, cuestionaron que la iniciativa no contemple una exclusión explícita para la Universidad de El Salvador, a diferencia de la legislación vigente.

“Denunciamos y rechazamos que en esta nueva propuesta se permita incluir a la Universidad de El Salvador, desconociendo la legislación vigente que sí la excluye, al igual que a la salud y la educación pública de este régimen”, expresaron.

De acuerdo con la solicitud enviada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, la nueva normativa busca regular los procedimientos para establecer alianzas entre el sector público y privado en la provisión de infraestructura y servicios públicos. La propuesta contempla derogar la actual Ley Especial de Asocios Público-Privados.

El documento mantiene la prohibición de aplicar este tipo de contratos en áreas como seguridad nacional, inteligencia del Estado, seguridad pública, justicia, así como en concesiones para la explotación de hidrocarburos y minerales. Sin embargo, elimina las exclusiones vigentes relacionadas con la prestación pública de servicios de salud, educación, la UES y los recursos hídricos.

Además, la iniciativa plantea ampliar la duración de los contratos hasta un máximo de 50 años, incluyendo prórrogas, mientras que la legislación actual establece un límite de 40 años.

En este contexto, María Inés Dávila, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, solicitó que se mantengan las exclusiones contempladas en la normativa vigente para evitar la posible privatización de servicios esenciales.

“Esta ley está pues excluyendo únicamente el tema de seguridad de la posible de concesión o de la eh pues el mantenimiento y todo lo que implica el servicio los servicios a la población, que para nosotros es un derecho, o sea, el hecho de haber tenido desde los últimos años la gratuidad en la educación superior está en peligro, porque si se llega a concesionar los servicios, como dice esta ley, pues eso es lo que va a poner en peligro el acceso a la educación superior, también el acceso a la educación pública en todos los niveles. Ya estamos viendo las afectaciones del acceso a salud. Así que realmente nos preocupa muchísimo como comunidad universitaria y lo rechazamos rotundamente que la Universidad de El Salvador esté siendo afectada ahora por una nueva ley”, señaló Dávila.

La propuesta también incluye la creación de una Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas dentro del Ministerio de Hacienda, encargada de evaluar y aprobar los proyectos en coordinación con las instituciones estatales. Asimismo, contempla excluir estos procesos de la aplicación de la Ley de Compras Públicas y establecer distintos tipos de contratos para su implementación.