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Por Redacción YSKL
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a un anteproyecto de “Ley Especial para la transferencia de inmuebles a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)”, orientado a legalizar propiedades ocupadas por familias en el barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste.
La iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda, plantea “establecer un procedimiento especial para la transferencia de dos inmuebles (…) y su posterior traspaso y legalización” a favor de las familias que habitan en la zona.
Transferencia y legalización de terrenos
El anteproyecto establece que los inmuebles, actualmente propiedad del Estado, serán transferidos “por Ministerio de Ley a favor de FONAVIPO”, institución que posteriormente los entregará “a título gratuito” a los ocupantes.
Uno de los terrenos supera los 7,400 metros cuadrados, con un valor de $176,600, mientras que el segundo corresponde a un tramo de calle en desuso de 1,573 metros cuadrados, valorado en $29,900.
Según el documento, la medida busca “garantizar su derecho a la vivienda” a las familias de la comunidad.
Condiciones para acceder al beneficio
La propuesta establece que los beneficiarios deberán haber ocupado los terrenos “de forma ininterrumpida, por lo menos de diez años consecutivos”, además de residir en la comunidad y no poseer otros inmuebles inscritos a su nombre.
Asimismo, se contempla la posibilidad de acceder a programas de apoyo de FONAVIPO, “siempre que cumplan con los requisitos que se establezcan”.
Elementos del anteproyecto:
- Transferencia de dos inmuebles estatales a FONAVIPO
- Entrega gratuita a familias en posesión de los terrenos
- Ocupación mínima requerida de 10 años continuos
- Restricción de venta o arrendamiento por 20 años
- Exoneración de pagos registrales, catastrales e impuestos
- Participación institucional en censo y legalización
Restricciones y proceso institucional
El anteproyecto incluye una prohibición para vender, arrendar o gravar los inmuebles durante un período de 20 años, salvo excepciones autorizadas. En caso de incumplimiento, FONAVIPO podrá recuperar la propiedad.
El Ministerio de Vivienda será responsable de elaborar el censo de beneficiarios y aprobar la lotificación, mientras que la Dirección de Legalización de la Propiedad realizará los trámites técnicos. El Ministerio de Hacienda asumirá obligaciones municipales pendientes y la Fiscalía General de la República podrá intervenir en la formalización de escrituras.
La propuesta declara el proceso como de “interés social”.
De aprobarse, la iniciativa entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
