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Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó avances en el juicio contra 486 cabecillas de la estructura criminal MS-13, señalados por su participación en aproximadamente 47,000 delitos.
Durante la diligencia judicial, se destacó el testimonio de dos peritos de la División Élite contra el Crimen Organizado, quienes analizaron dispositivos móviles incautados. Según el reporte periodístico, estos análisis permitieron dejar en evidencia «la forma de dar instrucciones de los ranfleros históricos» para la ejecución de actividades ilícitas a nivel nacional.
De acuerdo con las declaraciones del fiscal asignado al caso, las pruebas testimoniales y periciales han esclarecido el mecanismo de comunicación interna de la pandilla.
El funcionario explicó que los líderes, conocidos como ranfleros, y los corredores de programa emitían directrices hacia la base de la estructura. Entre estas órdenes se identificaron las denominadas «válvulas», descritas como «autorizaciones que iban encaminadas a asesinar a miembros de la Policía Nacional Civil», así como a otras víctimas que eran previamente identificadas mediante fotografías compartidas en grupos digitales.
Uno de los hallazgos más relevantes del proceso judicial es la orden sistemática de ocultamiento de cadáveres. La representación fiscal detalló que los líderes instruían que las víctimas fueran enterradas para evitar la presencia policial en los sectores donde operaban, indicando que esto se hacía «a efecto de determinar de que no se les fuera a ‘calentar la zona’ en la cual ellos operan».
Este procedimiento confirma la tesis del ministerio público sobre el control jerárquico que los cabecillas mantenían tanto desde los centros penales como desde la libertad.
Finalmente, se informó que el cumplimiento de estas instrucciones era de carácter obligatorio para todas las clicas de la organización bajo amenaza de represalias.
El fiscal del caso enfatizó que «en caso de incumplimiento las clicas eran castigadas por la ranfla». El juicio continúa su curso bajo la jurisdicción del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, donde se sigue procesando evidencia presentada por parte del Ministerio Público.
