Por: DW

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dialogó el martes en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el interés bilateral de enfrentar al narcotráfico y la migración irregular principalmente de venezolanos.

El ultraconservador chileno, vencedor del balotaje del 14 de diciembre, es afín al gobierno ecuatoriano con el que comparte el proyecto de combatir con mano dura el tráfico de drogas y el crimen organizado.

A su arribo a Ecuador, Kast, de 59 años, dijo que llegó para conversar sobre migración irregular, terrorismo y narcotráfico.

La conversación con Noboa fue «muy buena porque tenemos temas en común, de superación de pobreza, de enfrentar el crimen organizado, la inmigración irregular, cómo hacemos (para) que nuestros países vuelvan a crecer unidos», expresó a la AFP a su salida de la sede presidencial.

Dos días después de ser elegido, el presidente electo se reunió en Buenos Aires con el gobernante de Argentina, el ultraliberal Javier Milei.

«Lo que buscamos es coordinarnos, es trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos», señaló a su llegada Kast, quien sucederá al izquierdista Gabriel Boric.

Refiriéndose a los cerca de 300.000 migrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propone coordinar con otros líderes de la región la creación de «un corredor humanitario de devolución» a sus países de origen.

Kast se refirió a Venezuela

«Es muy importante que nosotros, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que hoy día genera una nación como Venezuela, bajo una dictadura, que ha provocado que más de ocho millones de personas salgan de su patria y vayan a distintos países», manifestó el presidente electo en una rueda de prensa posterior.

Añadió que «el continente tiene que, de alguna manera, reaccionar a esta situación».

En Ecuador viven unos 440.000 venezolanos, de los cuales un 60% está de forma irregular, de acuerdo con la ONU.

Kast, quien indicó que «no reconozco a una dictadura» en Venezuela, secunda a Noboa en la prioridad de reforzar la seguridad, cuando Ecuador sufre picos históricos de violencia.

Por los puertos de Guayaquil y Manta (suroeste) circula un 70% de la producción mundial de cocaína dominada por sus vecinos Colombia y Perú.

La balanza comercial con Chile es favorable para Ecuador, con 1.435 millones de dólares el año pasado, según el Banco Central local.

Por: DW

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump el martes al bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenada por él en Chicago.

Trump alega que la Guardia Nacional es necesaria para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración y sus instalaciones en la tercera mayor ciudad del país, gobernada por los demócratas.

La Corte Suprema, controlada por los conservadores con 6 de los 9 magistrados, rechazó un recurso contra la orden de despliegue presentada por el gobierno, algo bastante inusual desde la vuelta del republicano en enero a la Casa Blanca.

Tres jueces conservadores -Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch- se posicionaron en contra del despliegue.

Los jueces del Supremo rechazaron los argumentos, señalando que la ley en la que la Administración Trump se amparó para pedir la orden de emergencia solo se aplica cuando «las fuerzas regulares” sean insuficientes para mantener el orden.

El presidente republicano ha enviado tropas de la Guardia Nacional a tres ciudades gobernadas por demócratas este año -Los Ángeles, Washington y Memphis-, pero sus esfuerzos por hacerlo en Portland y Chicago han quedado trabados en los tribunales.

El presidente «activó a la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales y garantizar que los alborotadores no destruyeran edificios y propiedades federales. Nada en la decisión de hoy menoscaba ese objetivo central», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Reveses para Trump en tribunales inferiores

El gobernador de Illinois y la alcaldesa de Chicago, ambos demócratas, se han opuesto firmemente al despliegue de tropas.

Después de que dos tribunales inferiores fallaran en contra del envío de tropas a Chicago, el gobierno de Trump presentó un recurso de urgencia ante el alto tribunal.

En su presentación ante la Corte Suprema, el procurador general, John Sauer, afirmó que los agentes federales en Chicago se ven «obligados a operar bajo la amenaza constante de la violencia de los manifestantes».

El bloqueo del despliegue «interfiere indebidamente con la autoridad del presidente y pone innecesariamente en peligro al personal y la propiedad federal», agregó Sauer.

Unos 300 efectivos de la Guardia Nacional siguen en el área de Chicago, pero no participan en operaciones.

En su respuesta, las autoridades de Illinois insistieron en que no es necesaria la presencia militar, asegurando que «los agentes del orden estatales y locales han manejado sin incidentes mayores las protestas aisladas” en el estado y que «no existe evidencia creíble» que justifique la intervención federal.

Por: DW

Los principales partidos de la oposición en Taiwán anunciaron el martes su intención de iniciar el viernes un proceso de destitución contra el presidente, William Lai, por negarse a promulgar una serie de enmiendas legales, una iniciativa que, en principio, carece de los apoyos necesarios en el Parlamento para prosperar.

En una reunión celebrada el martes, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que suman 60 de los 113 escaños del Yuan Legislativo, acordaron someter a revisión una moción de juicio político contra Lai en una sesión plenaria prevista para el 26 de diciembre.

El anuncio se produjo en plena escalada de tensiones entre el oficialismo y la oposición, después de que el Gobierno confirmara la semana pasada que no refrendará ni promulgará las últimas enmiendas a la ley de reparto fiscal, aprobadas en noviembre por los partidos opositores, que buscaban aumentar la proporción de ingresos destinados a los gobiernos locales.

Tras el rechazo del Parlamento, el pasado 5 de diciembre, a la solicitud del gabinete de reconsiderar estos cambios, la ley modificada debía ser promulgada antes del 15 de diciembre, algo que finalmente no ocurrió.

Este hecho ha sido presentado por la oposición como una vulneración del orden constitucional.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA al término de la reunión del martes, Lo Chih-chang, secretario general del grupo legislativo del KMT, afirmó que los planes exactos para el proceso de destitución todavía debían definirse con el PPT.

«Actualmente estamos considerando varias opciones, como invitar al presidente Lai a la Legislatura para que dé una explicación», aseveró Lo.

Clima de confrontación persistente

«En cuanto a la votación final sobre el ‘impeachment’, probablemente tendrá lugar alrededor del 20 de mayo -el segundo aniversario de la investidura de Lai-, aunque todo esto aún necesita ser coordinado» con el PPT, agregó.

Según los Artículos Adicionales de la Constitución, una moción de destitución contra el presidente requiere el respaldo inicial de al menos la mitad de los legisladores y la aprobación posterior de dos tercios de la Cámara antes de ser remitida al Tribunal Constitucional.

Si bien el KMT, el PPT y otros dos legisladores independientes con inclinación hacia el KMT controlan 62 de los 113 escaños del Parlamento, el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) ostenta 51 asientos, lo que hace prácticamente inalcanzable la mayoría exigida.

Incluso si la moción obtiene el visto bueno del Legislativo, el Tribunal Constitucional de Taiwán cuenta actualmente con solo ocho jueces de los 15 previstos, por debajo del mínimo legal necesario para deliberar, después de que fracasaran los intentos del Gobierno de cubrir las vacantes.

Tras casi un año de parálisis, el máximo tribunal emitió el viernes pasado una sentencia que declaró inconstitucional el umbral de diez jueces exigido para tramitar cualquier caso, una decisión que desató fuertes críticas de la oposición, que el lunes presentó una denuncia contra los cinco magistrados que suscribieron la resolución.

La posible destitución de Lai se enmarca en un clima de confrontación persistente entre el oficialismo y la oposición desde la llegada del mandatario al poder, con un Parlamento dominado por el KMT y el PPT que ha bloqueado o condicionado varias de las principales propuestas del Ejecutivo, incluidas iniciativas presupuestarias y de Defensa.

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El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece mencionado repetidamente en una nueva partida de documentos sobre el pederasta Jeffrey Epstein, publicada el martes por el Departamento de Justicia, que ha insistido en que algunos de esos archivos contienen «acusaciones falsas» sobre el magnate.

Entre los miles de nuevos documentos puestos a disposición del público abundan principalmente correos electrónicos en los que diferentes personas enlazan noticias, principalmente políticas, sobre Trump, aunque también aparecen otras menciones relacionadas, por ejemplo, con los viajes que realizó en el avión privado de Epstein o incluso el testimonio de alguien que menciona a una mujer que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que varios de estos documentos recién publicados «contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020».

Acusaciones de violación

Uno de los documentos es una declaración al FBI, recogida el 27 de octubre de 2020, de una persona que asegura que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar a Trump, en el año 1995, al aeropuerto de Fort Worth (Texas).

El conductor relató a una conocida suya este encuentro con Trump y contó que entonces el comportamiento de ella cambió de inmediato y que la mujer aseguró que «Donald J. Trump la había violado junto con Jeffrey Epstein» y que una chica «con un nombre extraño» la «llevó a un hotel o edificio lujoso», y que «así fue como sucedió».

También se ha publicado una denuncia presentada por una mujer anónima en enero de 2020 en Nueva York en la que habla de presuntos abusos que sufrió a manos de Epstein y Maxwell y también de un encuentro en el que el pederasta llevó en 1994 a la supuesta víctima, que entonces tenía 14 años, a conocer a Trump, que según la mujer mostró complicidad con Epstein cuando este realizó comentarios sugerentes.

El FBI también aseguró que una carta incluida en los nuevos archivos, que aparentemente está firmada por Epstein y hace referencia a Trump, es falsa, ya que, entre otras cosas, la letra no coincidiría con la de Epstein y la dirección del remitente no corresponde a la cárcel donde estaba recluido el magnate financiero, que según la versión oficial se suicidó en su celda en 2019.

La misiva estaba supuestamente dirigida al agresor sexual y exdoctor del equipo de gimnasia de EE.UU. Larry Nassar y, aunque no incluye explícitamente el nombre de Trump, menciona el interés de «nuestro presidente» en «manosear» a mujeres jóvenes.

Supuesta fiesta con prostitutas

También existe otra mención de Trump en otra declaración en la que una mujer lo acusa de haber organizado una fiesta para trabajadoras sexuales en su residencia de Mar-a-Lago.

El hoy presidente voló «muchas más veces» de lo que inicialmente se creía a bordo del avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, según afirma un fiscal federal en uno de los documentos que forman parte de los archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia.

Aunque la información sobre estos vuelos de Trump es pública desde hace años, el correo muestra que miembros de la Fiscalía estaban compartiendo por primera vez estos datos en 2020.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo haber cortado relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.

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Un hombre que parece ser el expríncipe británico Andrés conversó con Ghislaine Maxwell, cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, sobre la organización de encuentros con «amigos inapropiados», según documentos publicados por Washington el martes.

Los correos electrónicos se encuentran entre las casi 30.000 páginas hechas públicas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y aportan nuevos detalles a la larga controversia en torno a los vínculos del hermano del rey Carlos III con Epstein y Maxwell.

La correspondencia data de 2001 y 2002 y fue enviada desde una cuenta que utilizaba el alias «El Hombre Invisible» y firmaba como «A».

Un email desde Balmoral

En un mensaje de agosto de 2001, el remitente dice que se encuentra en Balmoral, la residencia de verano de la familia real británica en Escocia, y le pregunta a Maxwell: «¿Me has encontrado algunos amigos inapropiados nuevos?».

Andrés ha reconocido previamente su amistad con Maxwell y Epstein, pero ha negado todas las acusaciones de irregularidades.

Maxwell responde disculpándose por haber encontrado solo amigos «apropiados», lo que provoca una respuesta lacónica de «A»: «¡Desolado!».

En otra cadena de correos, Maxwell reenvía correspondencia sobre un viaje propuesto a Perú que incluye planes para presentar a «Andrés» a unos acompañantes descritos como «amigables y discretos».

Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, le sugiere a su conocido que organice algunas «visitas turísticas con compañía».

Tensiones entre Andrés y los fiscales estadounidenses

Los archivos destacados por los medios también revelan tensiones entre Andrés y los fiscales estadounidenses.

Las autoridades de Estados Unidos intentaron interrogar al expríncipe sobre el caso Epstein, cuya muerte en prisión en 2019 fue declarada suicidio, aunque el miembro de la realeza no era un objetivo penal.

Andrés llegó a un acuerdo en 2022 en una demanda civil en Estados Unidos presentada por Virginia Giuffre, quien alegaba haber sido víctima de trata de personas por parte de Epstein y haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe cuando ella era adolescente.

Giuffre se suicidó en abril, y las repercusiones de la publicación póstuma de sus memorias seis meses después provocaron que Andrés fuera despojado de sus títulos reales.

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Washington está sometiendo a Caracas a la «mayor extorsión» de su historia, declaró el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, después de que Estados Unidos anunciara un bloqueo a los buques petroleros sancionados en medio de su despliegue militar en el Caribe.

«Estamos ante una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos (…). Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia», afirmó Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Afirmó que Estados Unidos quiere imponer una colonia en Venezuela al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen del país suramericano.

Según Moncada, este bloqueo, anunciado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, supone «un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela».

El venezolano también se refirió a los ataques de EE.UU. a presuntas «narcolanchas» en el Caribe, que han cobrado la vida de más de 100 personas, y al «ataque armado» que el Gobierno «viene anunciando desde hace semanas».

«Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia; un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro nacional, lógica legal y precedente histórico», sostuvo.

Advirtió que Venezuela «es solo el primer objetivo de un plan mayor»: «(El país) pretende imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aún a costa de la destrucción de la ONU».

Fue Venezuela quien pidió expresamente esta reunión con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país caribeño.

Moncada indicó hoy que su país solicitó esta reunión «consciente» de que EE.UU. vetaría en el Consejo de Seguridad cualquier acuerdo «que ponga fin a su plan siniestro».

«Una guerra de saqueo y expolio»

Además, describió las acciones de EE.UU. como «una guerra de saqueo y expolio» de petróleo que constituye un ataque a todo el sistema de las relaciones internacionales y al Sur global, «considerado inferior por el actual Gobierno estadounidense».

Momentos antes de su intervención, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, tomó la palabra y aseguró que su país seguirá imponiendo a Venezuela sanciones «al máximo» con el fin de «privar» a su presidente, Nicolás Maduro, de «financiar» al Cártel de los Soles.

Según Waltz, los petroleros sancionados operan como «el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo», y además financian a este cártel.

La tensión entre ambos países se incrementó este fin de semana después de que EE.UU. interceptara en el Caribe otro petrolero llamado Centuries, que trasladaba crudo venezolano a refinerías de China.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por la Administración Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Además, el domingo el Gobierno inició una «persecución activa» para interceptar a un tercer tanquero, el Bella 1, según confirmó a EFE un funcionario estadounidense.

Durante la sesión de hoy en el Consejo, países como Colombia condenaron «el uso de la fuerza» y las «medidas coercitivas unilaterales» aplicadas por EE.UU. en el Caribe, que «erosionan el Estado de derecho y no deben ser un sustituto del diálogo».

Por su parte, el representante ruso, Vasily Nebenzya, calificó el bloqueo estadounidense a petroleros como «ilegal» y aseguró que «esta intervención en curso puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra países latinoamericanos».