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Por: Redacción YSKL
Este lunes, el Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria dio a conocer el fallo de la audiencia humanitaria que solicitó el ex mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango.
El ex político permanece en prisión por una condena de 13 años por extorsión desde el 2018. Pero solicitó al juez que se le otorgue la libertad anticipada, en virtud que se ha agravado su estado de salud, que actualmente es delicado.
Sin embargo, la jueza denegó el beneficio, debido a que el condenado representa un «riesgo social» al estar libre, por la gravedad de los delitos que cometió.
«Ella no habla de peligro de fuga, el riesgo que ella ve es como un riesgo más social, pero no es de fuga», mencionó el abogado de Mijango, Mauricio Ramírez.
Al salir de los tribunales, Mijango, con aspecto visiblemente débil, no brindó declaraciones y fue conducido al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Desde el año 2018, Mijango cumple una condena por el delito de Extorsión en calidad de cómplice. En sentencia quedó establecido que junto a la pandilla MS, 18 revolucionarios y 18 sureños, extorsionó a una empresa con $100,000, durante el apogeo de la tregua, entre 2012 y 2013. Según el juez que dirimió el proceso, Mijango cobraba $6,000 a la empresa para que le permitieran entrar a las colonias dominadas por las tres pandillas.
La defensa alegaba que el ex mediador de la tregua entre pandillas, cumple todos los parámetros que establece el Código Penal, es decir ser mayor de 60 años, cumplimiento de una tercera parte de la pena y salud en fase terminal.
Mijango padece de diabetes y según su abogado, sufre insuficiencia renal crónica e hipertensión.
La jueza también estableció que el delito de extorsión no entra en el beneficio carcelario. «Son disposiciones que violentan la Constitución de la República en muchos principios, uno de ellos el principio de igualdad y el otro el principio de la resocialización», cuestionó Ramírez.
En la primera audiencia, la jueza avaló una petición de Fiscalía para que se le realizara un peritaje médico a fin de determinar la gravedad de las enfermedades. Pero una Cámara dejó sin efecto la realización del dictamen ya que «no era necesario».
«Él está con prácticas de diálisis dos veces a la semana y sabemos que son enfermedades crónicas y cada día su estado es más grave. Tal como lo expresó en la audiencia él, prácticamente al negársele este beneficio es estarlo condenando a muerte», mencionó Ramírez.
