Ernesto Muyshondt pide a juez que se investigue porqué no se le permite ejercer derecho de defensa material

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Exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Foto: YSKL.
Exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Foto: YSKL.

Por Redacción YSKL

El Juzgado 2º Instrucción de San Salvador reanudó este martes la audiencia preliminar en contra del exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt y otros exfuncionarios, por el caso de incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) continuó presentando pruebas y se escucharon las declaraciones de un testigo que se encuentra bajo el régimen de protección. La defensa técnica indicó que podrían tomar alrededor de cinco días en el proceso.

Se estima que un aproximado de 80 personas brindarán declaraciones ante el caso.

En el proceso, la defensa del exedil solicitó que se realice una investigación por un caso de vulneración a su derecho de defensa material, puesto que desde el día previo en que se instaló la audiencia pidió insumos para aplicar a su derecho constitucional de tomar notas respecto a los alegatos presentados, pero en ambos centros penales se lo han negado.

En el juicio también son procesados el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares cometieron los ilícitos.

“A estos sujetos se les procesa por la retención de $5,217,129.47 dólares de cuotas laborales, durante el periodo de enero de 2019 a marzo de 2021”, añadió la parte fiscal.

La audiencia preliminar entró en receso y se reanudará este día a las 2:00 de la tarde, y se prevé que dure hasta el próximo viernes 1 de septiembre, debido a la cantidad de evidencia con la que cuenta la FGR.

Si bien Muyshondt era procesado también por el cargo de apropiación indebida de retenciones, el Tribunal 6º de Sentencia lo absolvió tras comprobarse que la deuda equivalente a $275,145.31 ya había sido debidamente pagada.

En el caso de Muñoz y Portillo, la Fiscalía también les imputa el delito de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio de 54 entidades, 41 trabajadores de la municipalidad, de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólido, junto con el orden socioeconómico.