Familias de desaparecidos piden a Estado visibilizar la problemática

Por Redacción YSKL

Las madres de víctimas de desapariciones junto a organizaciones, se pronunciaron este jueves, ante la celebración de la audiencia pública, por parte del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con relación a los casos de desapariciones forzadas, en el contexto del régimen de excepción.

La integrante de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU), Idalia Zepeda, señaló que, a pesar de la creación de herramientas como el protocolo de acción urgente y la unidad especializada dentro de la Fiscalía, no perciben una diferencia en la prevención y en la solución integral de los casos.

“Los vacíos más importantes que identificamos son que no existe una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas que dé respuesta integral al fenómeno ni una ley de búsqueda que tenga un enfoque de derechos humanos; no existe un registro de personas desaparecidas; no hay datos oficiales de cuántas denuncias hay, de cuántas personas continúan desaparecidas ni de ninguna categoría que permite dimensionar el problema el acceso a la información pública”, detalló.

Otros aspectos que enfatizaron las organizaciones son la limitación al acceso a la información pública, en cuanto a las desapariciones, mientras que lo referente a cementerios y fosas clandestinas está declarado como información reservada.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH, que incite al Estado salvadoreño a reconocer públicamente la existencia de las desapariciones como un problema que conlleva responsabilidad estatal y a evitar la estigmatización de las familias y comunidades que buscan.

También solicitaron que se actualice y brinde acceso público al registro de personas privadas de libertad, y se otorgue información a familiares sobre su paradero, estado de salud y situación jurídica.

Otro punto que recalcaron es la elaboración de una política nacional de desapariciones, que incluya la creación de un registro nacional de personas desaparecidas, y crear una Ley General de Búsqueda que responda a las necesidades de las familias, y, de igual manera, se implementen estrategias de búsqueda inmediata con participación de las víctimas, según el PAU y estándares internacionales, además difundir alertas tempranas.