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Por: Redacción YSKL
Este jueves, el Movimiento de Afectados del desfalco de COSAVI, acompañados de abogados llegaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar un aviso contra la jefa de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) por varios cargos.
Rudy Joya, abogado que acompaña a los afectados, detalló los delitos por los que denunciaron a la funcionaria: Incumplimiento de Deberes y Actos Arbitrarios, en perjuicio de 125 personas que esperan la devolución de los depósitos en la cooperativa.
«Hasta la fecha el escrito de transparencia en el manejo de la entrega de los fondos que fue presentado a la SSF, no se ha respondido, dentro de las peticiones que hacíamos en septiembre de este año era la base legal de porqué la institución está administrando fondos de una cooperativa privada y cuales facultades tenían para poner en reserva la información», señaló.
Caso COSAVI se declaró en reserva por orden judicial, dice la SSF y FGR
El argumento de los denunciantes es que la SSF solo está facultada para regular a la banca, no a las cooperativas, en este caso la Santa Victoria, COSAVI). Además dijeron que pese a un proceso penal abierto en tribunales, la SSF se valió de ello para declarar la información reservada.
«Ahí es donde se materializa actos arbitrarios e incumplimiento de deberes es que hasta la fecha a ninguno de los afectados les han dado audiencia para informar los avances», añadió el jurista.
Joya, también expuso que han llevado una carta dirigida al Fiscal General, Rodolfo Delgado, para que se estudie el caso de COSAVI y se abra una mesa de diálogo con las instituciones involucradas, como la Fiscalía y la Superintendencia.
Entre los afectados, figuran en su mayoría personas adultas mayores con enfermedades crónicas, enfrentan graves dificultades, incluyendo la pérdida de sus ahorros y la vulneración de su derecho a disponer libremente de sus bienes.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en mayo que un total de 32 personas enfrentarán cargos relacionados con el caso de COSAVI, incluyendo delitos como Defraudación a la Economía Pública, Lavado de Dinero y Activos, y pertenencia a Agrupaciones Ilícitas.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, indicó que los altos ejecutivos de dicha cooperativa desviaron aproximadamente $35 millones del patrimonio de la cooperativa para su beneficio personal, «todo eso en perjuicio de los asociados y para beneficio propio», subrayó.
