Diputados aprueban reformas para endurecer penas con hasta 6 años de cárcel por delitos de corrupción y se incluyen nuevos cargos

Por Redacción YSKL

Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa han emitido un dictamen favorable para reformar el Código Penal, con el objetivo de establecer regulaciones más estrictas para los delitos cometidos por servidores públicos y particulares que faciliten actos ilegales relacionados con la sustracción de fondos públicos.

En ese sentido, se establece que los funcionarios públicos que realicen actos ilegales o arbitrarios en el ejercicio de sus funciones serán sancionados con prisión de tres a seis años, en comparación con la sanción anterior de dos a cuatro años.

Asimismo, se incrementaría la pena por incumplimiento de deberes, estableciendo una sanción de cuatro a seis años, con un aumento de un tercio del máximo si el incumplimiento da lugar a un hecho delictivo.

Además, en el artículo que trata sobre la revelación de información secreta, se establecerían sanciones de seis a nueve años de prisión, aumentando la pena en caso de que la divulgación cause grave daño a los intereses del Estado.

En el ámbito del peculado, se establece que el funcionario que se apropie de bienes públicos será sancionado con penas que varían según el monto del peculado: de seis a nueve años si es hasta $10 mil dólares, de nueve a doce años si es superior a esa cantidad pero inferior o igual a $100 mil, y de doce a quince años si supera los $100 mil dólares.

Además, se introducen nuevos artículos que abordan el ocultamiento de bienes producto de la corrupción, estableciendo sanciones de tres a seis años para quienes oculten dichos bienes.

También se contempla la omisión de denuncia de delitos por parte de funcionarios, con sanciones de tres a seis años para aquellos que no informen sobre delitos cometidos por subordinados.

En el caso del cohecho activo, establece que quien ofrezca dádivas a un funcionario para que realice un acto contrario a sus deberes será sancionado con prisión de seis a diez años, mientras que el tráfico de influencias conllevará penas de seis a nueve años.

Dicha propuesta de decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, en caso de ser aprobada.