Por Redacción YSKL
Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa han emitido un dictamen favorable para la aprobación del Anteproyecto de «Ley Anticorrupción», que propone catalogar diversos casos de corrupción como «imprescriptibles de la acción penal».
Durante la sesión de estudio, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, expresó su apoyo a la iniciativa, afirmando que «nos complace mucho esta iniciativa presidencial para que se realice la actualización normativa de todo lo que se refiere al combate de la corrupción».
Delgado destacó que desde 1998 se han actualizado conceptos clave relacionados con la administración pública y los funcionarios públicos.
«Antes, las anteriores administraciones nunca hicieron nada para facilitar el trabajo para la Fiscalía General de la República ni para la Policía Nacional Civil», agregó.
La propuesta incluye definiciones ampliadas de funcionario público, servidor público y agente de autoridad, lo que permitirá una mejor atribución de conductas criminales.
El artículo 2 de la iniciativa contempla un incremento en las penas para delitos relacionados con la corrupción.
«La corrupción es un flagelo que hay que combatir con firmeza», afirmó Delgado, quien también mencionó que la reforma proporcionará herramientas necesarias para la labor fiscal.
El informe detalla que se incrementarán las penas para delitos como el peculado, que ahora tendrá una pena mínima de seis años, y se establecerán sanciones más severas para el enriquecimiento ilícito, con penas de cinco a quince años de prisión.
Además, se incorporarán nuevas figuras delictivas, como el ocultamiento de bienes producto de la corrupción, lo que permitirá a los fiscales recuperar fondos desviados.
Delgado también se refirió a la importancia de sancionar el encubrimiento de delitos de corrupción, señalando que «se está constituyendo con esta reforma una categoría especial de encubrimientos».
El anteproyecto de ley incluye medidas para proteger a quienes denuncien actos de corrupción, estableciendo sanciones para quienes tomen represalias contra denunciantes.
En cuanto a los corruptores, la ley impondrá penas de seis a diez años de prisión para quienes ofrezcan dádivas a funcionarios públicos.
El tráfico de influencias también será sancionado con penas de seis a nueve años, especialmente si el infractor está vinculado a la administración pública.
El fiscal general añadió que la reforma es un paso importante para fortalecer el marco legal en la lucha contra la corrupción, permitiendo una mejor persecución de los delitos y la recuperación de bienes malversados.
