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Por Redacción YSKL
El Salvador desarrolló la primera plenaria del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) en su calidad de Presidencia Pro Tempore, con el objetivo de articular políticas públicas, cooperación técnica y alianzas estratégicas frente al desplazamiento en la región.
En la sesión participó de forma virtual la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien señaló que, ante “dinámicas cambiantes de movilidad humana”, el mecanismo permite traducir compromisos políticos en acciones a escala regional, nacional y local.
Durante el encuentro se presentó el Plan de Acción Regional MIRPS 2026, que establece las prioridades y líneas de intervención para el trabajo conjunto de los Estados miembros este año.
Según lo expuesto, el plan busca fortalecer la implementación de compromisos mediante una gestión basada en resultados.
Prioridades del Plan MIRPS 2026:
- Fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de asilo.
- Consolidación de mecanismos de prevención, atención y protección de personas desplazadas internas.
- Impulso a la integración local y soluciones duraderas.
- Reintegración sostenible de personas retornadas con necesidades de protección.
- Articulación regional ante desplazamientos por desastres naturales y cambio climático.
La viceministra indicó que el país promoverá el fortalecimiento de respuestas dirigidas a “mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables”, así como la coordinación regional en materia de desplazamiento vinculado a desastres y cambio climático.
También destacó la articulación con sociedad civil, organizaciones lideradas por personas refugiadas, academia, sector privado, la Plataforma de Apoyo al MIRPS y organismos internacionales, además de la coordinación con mecanismos como la Conferencia Regional sobre Migración, el Proceso de Quito, el Plan de Acción de Chile y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En la plenaria participaron delegaciones técnicas de los países miembros del MIRPS, representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de la OEA y funcionarios de Gobierno.
