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Por Redacción YSKL
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordó este martes invitar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que exponga sus aportes sobre el anteproyecto de Ley de Alianzas Público Privadas (APP), presentado por el Ministerio de Turismo (MITUR).
La iniciativa será estudiada por los diputados como parte del proceso de análisis de la normativa, que busca regular la participación del sector privado en proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Creación de una entidad técnica
El anteproyecto plantea la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), adscrita al Ministerio de Hacienda, la cual sería responsable de la “formulación, revisión, estructuración y aprobación de los proyectos”.
Según el documento, esta dirección contaría con autonomía técnica y tendría funciones como identificar iniciativas viables, emitir lineamientos y “declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada”.
Además, podrá solicitar información a instituciones públicas, llevar registros de contrataciones y evaluar estudios de prefactibilidad y factibilidad.
Participación del sector privado
La propuesta habilita a empresas nacionales y extranjeras a presentar iniciativas, las cuales deberán incluir estudios preliminares de viabilidad.
Si una propuesta es declarada de interés público, su proponente podrá participar en la licitación junto a otros oferentes, con un incentivo adicional de entre 5 % y 15 % en la evaluación económica.
El documento también establece que, si el proponente no resulta adjudicado, el ganador deberá reembolsar los costos de los estudios en un plazo máximo de un año.
Etapas de las iniciativas privadas
El proceso contemplado en la normativa incluye:
- Presentación de la propuesta
- Evaluación de admisibilidad
- Declaratoria de interés público
- Elaboración del estudio de factibilidad
- Aprobación del estudio
- Convocatoria a licitación pública
La licitación deberá realizarse en un plazo máximo de un año tras la aprobación del estudio, con posibilidad de prórroga de hasta seis meses.
Alcance y funcionamiento de las APP
El anteproyecto define las APP como contratos de largo plazo entre el Estado y un agente privado, con distribución de riesgos y mecanismos de pago vinculados al cumplimiento de estándares.
Estas alianzas podrán aplicarse en infraestructura pública, servicios o proyectos mixtos, incluyendo bienes estatales como carreteras, puentes o instalaciones públicas.
Asimismo, podrán participar distintas entidades del Estado, como dependencias del Ejecutivo, autónomas y municipalidades.
Condiciones contractuales y excepciones
La normativa establece que los contratos deberán adjudicarse mediante licitación pública, aunque contempla mecanismos excepcionales sin convocatoria cuando no existan condiciones de competencia o en proyectos considerados innovadores o indispensables.
También se fija una duración máxima de hasta 50 años para estos contratos.
Entre las exclusiones, el anteproyecto señala que no aplicará para áreas vinculadas a seguridad nacional, inteligencia del Estado, seguridad pública y justicia, ni para sectores regulados por leyes especiales como hidrocarburos y minería.
La propuesta continuará en estudio dentro de la comisión legislativa, previo a su eventual discusión en el pleno.
