Por Redacción YSKL
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene amplia discrecionalidad para decidir cuándo extender o poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), una decisión que permite a la administración del presidente Donald Trump avanzar con la cancelación de este beneficio para cientos de miles de inmigrantes y que podría repercutir en más de un millón de personas de distintos países.
Con una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal determinó que los tribunales inferiores no pueden revertir las decisiones del DHS relacionadas con las designaciones del TPS. El fallo afecta de forma inmediata a unos 350.000 haitianos y cerca de 6.000 sirios, cuyos permisos de trabajo y protección contra la deportación dejarán de estar vigentes en los próximos meses.
Actualmente, 17 países cuentan con designaciones de TPS, aunque la administración Trump ha iniciado acciones para revocar esa protección en 13 de ellos, lo que podría impactar a cientos de miles de beneficiarios adicionales.
La administración estadounidense sostuvo que el TPS fue concebido como una medida temporal y que algunas designaciones se han prolongado más allá de las condiciones que las originaron. Sin embargo, organizaciones y abogados especializados argumentan que varios de los países afectados continúan enfrentando crisis humanitarias, violencia o desastres naturales que dificultan el retorno seguro de sus ciudadanos.
Impacto en beneficiarios y sectores económicos
La decisión también podría tener efectos en distintos sectores de la economía estadounidense. Según un análisis de la organización FWD.us, a inicios de 2025 había cerca de 190.000 haitianos amparados por el TPS, quienes aportaban aproximadamente 5.900 millones de dólares a la economía y contribuían con unos 1.600 millones de dólares en impuestos federales, estatales, locales y sobre la nómina.
Representantes de empresas y organizaciones empresariales advirtieron que la pérdida de estos trabajadores afectaría sectores como la construcción, la hotelería, la atención médica y el cuidado de adultos mayores, donde una parte importante de la fuerza laboral está integrada por beneficiarios del TPS.
Por su parte, abogados de inmigración recomendaron a las personas afectadas explorar otras vías legales para permanecer en Estados Unidos, ya que la posibilidad de continuar en el país dependerá de las circunstancias individuales de cada caso.
Debate político
El fallo también generó reacciones dentro del Partido Republicano.
El congresista Mike Lawler expresó que, aunque reconoce la autoridad del presidente para poner fin al TPS, considera que la situación humanitaria en Haití continúa justificando una prórroga del programa.
En la misma línea, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, calificó la decisión como «un error» y señaló que miles de haitianos que trabajaban legalmente en su estado podrían quedar sujetos a deportación, con consecuencias para la economía y el mercado laboral local.
La decisión sobre el TPS fue una de dos resoluciones favorables a la política migratoria de la administración Trump emitidas por la Corte Suprema el mismo día.
El tribunal también autorizó la reanudación de una política que permite rechazar de forma sistemática a inmigrantes en la frontera sur, mientras aún está pendiente un fallo sobre la propuesta del Gobierno de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas no ciudadanas nacidos en Estados Unidos.
