Por: Redacción YSKL
El juez federal Nathaniel Gorton, de la corte del distrito de Massachusetts, rechazó extender la orden de emergencia que mantenía congelada la política del Gobierno de los Estados Unidos destinada a reducir a un año la vigencia de los permisos de trabajo para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) procedentes de El Salvador, Ucrania y Sudán.
Con esta resolución dentro del caso judicial Venezuelan Association of Massachusetts v. USCIS, la corte determinó que los demandantes no lograron demostrar probabilidades suficientes de éxito para declarar ilegal dicho límite en los Documentos de Autorización de Empleo (EAD). El tribunal respaldó la facultad del Gobierno para aplicar de forma retroactiva las restricciones estipuladas en la ley de presupuesto de 2025, conocida como One Big Beautiful Bill Act, la cual limita la extensión automática de estas autorizaciones laborales.
Si bien el dictamen judicial no extingue la protección del TPS ni cancela la permanencia legal de los beneficiarios en el país. El programa migratorio para la comunidad salvadoreña y demás naciones incluidas continúa plenamente vigente mientras se define su fecha de expiración o una eventual renovación general.
Sin embargo, la decisión judicial acarrea consecuencias inmediatas en el ámbito laboral, ya que las autorizaciones de empleo cuya expiración inicial estaba programada para el mes de julio —y que habían permanecido bajo congelamiento cautelar— quedan oficialmente vencidas.
Ante este escenario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) deberá publicar en las próximas fechas las directrices para coordinar el cese de dichos permisos.
A pesar de este revés laboral, la misma sentencia judicial concedió una medida favorable para la comunidad migrante al emitir un bloqueo a escala nacional contra la normativa que pretendía deportar a aquellos solicitantes de asilo que no realizaran el pago de la nueva tarifa anual de procesamiento.
Entre tanto, organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes, como la Alianza Nacional por el TPS, han reafirmado sus acciones de protesta para exigir una solución legislativa permanente en el Congreso estadounidense.
La administración Trump ha dado como fecha límite de vigencia del TPS para el 9 de septiembre de este año.
