Por Redacción YSKL
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) evalúa crear un programa de seguro de responsabilidad civil para agentes de policías estatales y locales que colaboran con la agencia en labores de control migratorio.
La propuesta busca reducir uno de los principales obstáculos que enfrentan los departamentos policiales que participan en las alianzas 287(g): el riesgo de demandas y posibles responsabilidades personales derivadas de actuaciones realizadas durante arrestos migratorios.
De acuerdo con un documento de planificación publicado por ICE, la agencia contempla subsidiar el costo del seguro para los agentes que hayan recibido capacitación y autorización para ejercer determinadas funciones federales de inmigración.
Cobertura de hasta $500,000
El plan contempla que los agentes contraten pólizas con una cobertura de hasta $500,000 por responsabilidad personal. El seguro podría cubrir gastos de abogados, acuerdos y sentencias derivados de demandas relacionadas con el desempeño de sus funciones.
ICE prevé reembolsar a cada agente hasta $250 anuales, monto que la agencia calcula que tendría aproximadamente el seguro.
El documento establece que una empresa contratada por ICE se encargaría, entre otras funciones, de gestionar al proveedor de seguros y tramitar los reembolsos.
Por ahora, ICE solicitó comentarios de empresas y organizaciones interesadas en participar en el programa. No se ha establecido una fecha para su implementación ni se conoce cuánto costaría en total.
Críticos advierten sobre menor responsabilidad
La propuesta ha generado críticas de organizaciones que cuestionan las operaciones migratorias de ICE.
David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, considera que el seguro podría reducir la responsabilidad personal de los agentes frente a posibles abusos.
“La preocupación aquí es que ICE está haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas del orden no corran ni el más mínimo riesgo de incurrir en responsabilidad por violar los derechos de los estadounidenses mientras ayudan a ICE a arrestar personas”, afirmó Bier.
Entre las conductas que podrían generar demandas se encuentran el uso excesivo de la fuerza, arrestos injustificados y registros o incautaciones ilegales.
Arrestos de ICE con policías locales aumentaron
La propuesta llega en un momento de fuerte expansión de la colaboración entre ICE y las agencias policiales locales durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Según datos de ICE citados en el reporte, cerca de 1,600 agencias policiales de 32 estados cuentan actualmente con acuerdos para participar en el modelo de grupos de trabajo de la agencia.
En estos programas, agentes locales capacitados pueden interrogar, detener y presentar cargos contra personas que sospechen que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, dentro de las facultades establecidas por sus acuerdos con ICE.
Las agencias participantes también pueden recibir fondos federales para cubrir gastos como salarios, vehículos y equipo.
Los arrestos realizados mediante estos programas aumentaron considerablemente. Según los datos más recientes proporcionados al Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley, los arrestos promediaron aproximadamente 3,000 mensuales durante los dos primeros meses de 2026, frente a unos 250 mensuales en 2024, durante la administración de Joe Biden.
Departamentos locales buscan protección legal
El incremento de las operaciones migratorias ha generado preocupación entre los propios agentes y departamentos locales, particularmente porque las pólizas que cubren sus actividades policiales ordinarias podrían no cubrir actuaciones relacionadas con el control migratorio federal.
Un ejemplo se produjo en Pensilvania, donde el fondo común de riesgos estatal indicó que excluiría de sus pólizas las “actividades proactivas de control migratorio”.
Esto obligó a algunos condados que participan en los programas de ICE a buscar seguros adicionales.
El sheriff del condado de Butler, Michael Slupe, dijo que contrató cobertura para los 13 agentes de su departamento que participan en el programa, con un costo anual de aproximadamente $20,000.
“Quiero asegurarme de que los muchachos tengan cobertura adicional, así que tuvimos que gastar el dinero”, afirmó Slupe, quien señaló que los fondos federales cubrirían ese costo.
Diferencias entre agentes federales y locales
Una de las dificultades radica en que los agentes federales pueden contar con determinadas protecciones legales y con representación financiada por el Gobierno cuando enfrentan demandas, mientras que esas mismas protecciones no necesariamente se extienden automáticamente a los agentes estatales o locales.
ICE, sin embargo, sostiene en sus acuerdos con las agencias locales que los agentes que realizan funciones autorizadas por la agencia están “actuando bajo la apariencia de autoridad federal”.
Los acuerdos también establecen que los agentes locales demandados civilmente pueden solicitar representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que ICE generalmente respaldará esas solicitudes.
No obstante, la decisión definitiva sobre si el Departamento de Justicia asumirá la defensa corresponde a esa institución.
Además de las demandas civiles, los seguros de responsabilidad profesional pueden cubrir determinados gastos legales asociados con investigaciones penales.
Sheriffs respaldan la iniciativa
Justin Smith, exsheriff de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Sheriffs, calificó inicialmente la propuesta como prometedora.
Smith explicó que algunos sheriffs han expresado reservas sobre participar en las alianzas 287(g) debido al riesgo de enfrentar demandas relacionadas con las labores migratorias.
“En este momento, cada vez que se trabaja en asuntos migratorios existe una probabilidad mucho mayor de que surjan problemas, demandas y conflictos”, afirmó.
A su juicio, la iniciativa demuestra que ICE reconoce que las agencias locales están operando en un entorno jurídico y político diferente al de sus funciones policiales habituales.
“Están reconociendo que se trata de un entorno diferente. Y creo que intentan ser los mejores socios posibles para nosotros”, agregó.
Por ahora, el seguro continúa siendo una propuesta en evaluación y no un programa implementado. Su eventual puesta en marcha podría facilitar que más departamentos policiales locales se incorporen a las operaciones de control migratorio de ICE, al reducir el riesgo financiero que actualmente preocupa a algunos agentes y autoridades locales.
