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El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador, continuó este lunes el juicio contra el ex alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, Romelia Guerra Argueta, José Adán Salazar Umaña, Susana Salazar de Cruz y Sara Paz Martínez Bojórquez, procesados por los delitos de lavado de dinero y activos continuado.
Durante la audiencia, seis empleados del conglomerado dedicado a la importación y comercialización de granos, Gumarsal S.A. de C.V. rindieron su declaración ante los jueces del Tribunal.
En sus declaraciones, revelaron a los presentes, que la gerencia de la empresa les pidió “crear sociedades” a través del financiamiento que otorgaría Gumarsal.
Presuntamente Wilfredo Guerra (prófugo) y su padre Juan Umaña dirigían estas empresas, que posteriormente pasaron a formar parte de sociedades radicadas en Panamá, fundadas por Guerra y Umaña, donde supuestamente trasladaron el dinero de la sociedad Gumarsal hacia dichas sociedades (un millón de dólares, aproximadamente).
Entre las empresas creadas, presuntamente a petición de GUMARSAL, se encuentran:
- Empaques Salvadoreños S.A de C.V (EMPASA S.A de C.V)
- Distribuidora de Alimentos Básicos S.A de C.V. (DISALI S.A de C.V)
- Agroalimenticios S.A de C.V (PROAD)
- Logistic Service S.A de C.V,
- Salvadoreña de Alimentos S.A de C.V (SALIM S.A DE C.V)
- Empleo Seguros S.A de C.V.
Asimismo un empresario de la empresa INAGLA, testificó que la Sociedad Gumarsal, tenía ventajas en el mercado lo que provocó que por medio de la licencia que ellos obtuvieron mediante el Ministerio de Economía, les vendieran el arroz que traían desde Estados Unidos (arroz Oro), y que las Sociedad INAGLA, necesitaba que Gumarsal pagara los productos que venía de Estados Unidos, pero que era con la licencia de la Sociedad INAGLA, por lo que Gumarsal no pagaba el 40% del impuesto que es lo que debe pagar una persona que trae arroz de Estados Unidos.
Para este martes, se espera que la Fiscalía aporte ocho testigos a la acusación.
El caso
Según la fiscalía, los empresarios y allegados presuntamente blanquearon 508 Millones de dólares, de un capital no declarado percibido, y una cantidad de 138 millones de dólares en evasión fiscal. “Este circuló en el sistema financiero y en la economía salvadoreña y como se desconoce el origen de este, es ilícito”, dijo en otra audiencia el Fiscal del caso.
Para cometer la canalización de fondos ilícitos, los imputados utilizaron las sociedades Agroindustrias Gumarsal S.A de C.V, Hoteles Salvadoreños S.A. de C.V (HOTESA S.A. DE C.V.), así lo estableció la jueza en la lectura del fallo.
Así también resaltan ciertas operaciones inusuales en la adquisición de bienes inmuebles. Además los ahora procesados participaban como socios y miembros de la junta directiva de diferentes empresas, entre Transporte de Combustible, Arrocera Jerusalén S.A. de C.V. Industria de Maíz S.A. de C.V., entre otras, según la fiscalía.
En el informe Fiscal detalla que los hechos ocurrieron entre los años de 2003 al 2015 a través de varias modalidades, entre estas, compras de inmuebles a precios bajos, adquisiciones de créditos que pagaban en corto tiempo y la creación de sociedades.
