El Juzgado cuarto de Instrucción de San Salvador decidió enviar a juicio a los empresarios José Adán Salazar (alias Chepe Diablo), al ex alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, la conyugue de éste, Sara Paz Martínez y sus hijas Susana Nohemí Salazar, Romelia Guerra Argueta, por lavado de dinero y activos.
La juzgadora valoró todos los elementos de prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR). “El fallo de la jueza es apertura a juicio, es decir que el caso se vaya a discutir en una vista pública. Se ha admitido la mayoría de elementos de prueba. Y se ha ordenado que se mantenga la detención provisional para el señor [Juan] Umaña y las personas que están procesadas en libertad, continúan con medidas alternas a la detención”, explicó el Fiscal del Caso.
Además, la juzgadora ordenó separar el proceso contra Wilfredo Guerra, José Adán Salazar Martínez, Tránsito Ruth Mira de Guerra y Miriam Haydee Salazar de Umaña. Posteriormente resolverá declarar rebeldía de estos involucrados. Los otros imputados que enfrentarán vista pública son Romelia Guerra Argueta, Susana Nohemy Salazar de Cruz y Sarah Paz Martínez Bojórquez, informó el Ministerio Público.
El presente caso es uno de los más voluminosos judicialmente hablando, ya que se ha ventilado en los juzgados con un aproximado 2,729 piezas de prueba, con más de 200 folios cada una, como resultado de la recolección de elementos de prueba de cargo y descargo de las partes.
Presuntamente los imputados obtenían multiplicidad de productos financieros, por lo que la FGR, expuso a la Jueza que los implicados estratificaban sus operaciones en diferentes cuentas, las cuales en su mayoría han dejado con saldo cero.
Según la fiscalía, los empresarios y allegados presuntamente blanquearon 508 Millones de dólares, de un capital no declarado percibido, y una cantidad de 138 millones de dólares en evasión fiscal. “Este circuló en el sistema financiero y en la economía salvadoreña y como se desconoce el origen de este, es ilícito”, dijo en otra audiencia el Fiscal del caso.
Para cometer la canalización de fondos ilícitos, los imputados utilizaron las sociedades Agroindustrias Gumarsal S.A de C.V, Hoteles Salvadoreños S.A. de C.V (HOTESA S.A. DE C.V.), así lo estableció la jueza en la lectura del fallo.
Así también resaltan ciertas operaciones inusuales en la adquisición de bienes inmuebles. Además los ahora procesados participaban como socios y miembros de la junta directiva de diferentes empresas, entre Transporte de Combustible, Arrocera Jerusalén S.A. de C.V. Industria de Maíz S.A. de C.V., entre otras, según la fiscalía.
En el informe Fiscal detalla que las operaciones ilícitas ocurrieron entre los años de 2003 al 2015 a través de varias modalidades, entre estas, compras de inmuebles a precios bajos, adquisiciones de créditos que pagaban en corto tiempo y la creación de sociedades.
