Los Ministerios de Turismo, Salud y Agricultura no rindieron informes solicitados por el Comité de Veeduría y Seguimiento de los $2,000 millones autorizados a buscar a través de crédito o colocación de bonos para atender la pandemia de COVID-19 en el país.
El Comité dio a conocer los tres dictámenes de incumplimiento este martes 13 de abril, mismos que fueron enviados a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas de la República (CCR) para investigar y dar con responsabilidades.
De acuerdo con los integrantes de este comité, se requirió la información sobre el uso de fondos desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de 2020; pero no se obtuvo respuesta sobre la petición.
@VeeduriaSV envía Dictámenes Finales de Incumplimiento a Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y a las entidades referidas. Descárgalos aquí: Dictamen 1: https://t.co/sUdduZlPoj Dictamen 2: https://t.co/yFKlo97vSh Dictamen 3: https://t.co/BWMKQxPMx8 pic.twitter.com/CFWas4yL82
— ComitéVeeduríaElSalvador (@VeeduriaSV) April 13, 2021
En el Ministerio de Salud se trata sobre el Hospital El Salvador, así como insumos adquiridos para atender la enfermedad; en Turismo se contrató a hoteles para que funcionaran como centros de contención y Agricultura se encargó de la compra de granos básicos y demás alimentos para entregar los paquetes solidarios a las familias.
De acuerdo con los datos del comité, son $999.3 millones los recursos que tuvo a disposición el Gobierno en el marco del decreto 608 que autorizó los $2,000 millones.
De esa cantidad, se usaron $107 millones para pagos de pensión a veteranos de guerra y Fomilenio II (autorizado por la Asamblea Legislativa); los $892.3 restantes se canalizaron en su mayor parte en el Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID) y solo $219,3 millones fueron al Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) y $191.7 para los 262 municipios, según el comité.
Sin embargo, de los recursos al FERRE ($219,3 millones) a través de decretos ejecutivos se recortó y se dirigió al FOPROMID, quedando $23 millones al fondo original que planteó el decreto. Los movimientos no habrían sido autorizados por la junta directiva que involucra a cinco carteras de Estado, sino que fue de forma directa por el Ministerio de Hacienda.
El comité expuso que aún no han entrado a conocer las compras y el destino concreto de los fondos; pero el mecanismo y la gobernanza de los fondos se ha incumplido.
¿Qué solicitaron al los tres Ministerios y no contestaron?
- Registro de los egresos de fondos efectuados en respuesta a la emergencia a la pandemia del COVID-19.
- Registro de las adjudicaciones y órdenes de compra efectuadas en respuesta a la pandemia del COVID-19.
- Registro de las transacciones de flujo de fondos realizadas, incluyendo fuentes y usos operacionales y no operacionales.
- Los balances de comprobación al 30 de junio 2020 (con notas explicativas) y al 30 de septiembre con sus anexos.



















