El nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, y parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional juramentados el pasado 1 de mayo por la Asamblea Legislativa tras la destitución de los funcionarios, estarían próximos a terminar su gestión, según indicó el Presidente Nayib Bukele.
El mandatario se reunió el lunes 3 de mayo con el cuerpo diplomático acreditado en el país, luego que la remoción de los funcionarios fuera criticada por la comunidad internacional, señalándola de un acto contrario a la democracia y de separación de poderes.
A través de una cadena nacional transmitida la noche de este martes de referida reunión, Bukele justificó a los diplomáticos la remoción por la Asamblea Legislativa, pero destacó que el nombramiento de nuevas autoridades fue una sustitución, mas no una elección, por lo que aseguró no se incumplió un procedimiento constitucional y de leyes secundarias.
«El fiscal estará por 8 meses, en enero se va a elegir un fiscal, puede ser el mismo, dependerá de si lleva a la justicia a quienes debe llevar, puede participar en la elección. No fue electo, solo fue sustituido», dijo Bukele a los diplomáticos.
El Fiscal General destituido, Raúl Melara, terminaría su periodo de tres años en el mes de enero de 2022; el expresidente de la Sala, Armando Pineda, finalizaría sus nueve años en el cargo el 30 de junio próximo.
¿Por qué los destituyeron?
Un nuevo fiscal general era una aspiración del actual gobierno desde 2019, según confirmó Bukele.
«Cuando llegué a la presidencia pregunté qué vamos a hacer con la Fiscalía […] ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con un mal fiscal, totalmente de ARENA? Me dijeron: “se va a tener que aguantar […] Para tener su fiscal o un fiscal afín, tiene que esperar dos años”», expuso.
Fue hasta el cambio de Asamblea que se destituyó a Raúl Melara como Fiscal General, por vinculación partidaria.
Sobre la remoción de magistrados aseveró que se siguió la facultad que establece la Constitución en el artículo 186 y dijo que las «causas específicas» fueron enumeradas por los diputados.
«Esta asamblea está cumpliendo lo que prometió […] Ellos (la población) quieren que quitemos magistrados», agregó, haciendo referencia a que la destitución habría sido un pedido de la población.
Ante la condena internacional por el hecho, expuso «los de la comunidad internacional que se molestaron es porque se mal informaron ¿De qué lado están, de la oposición?».
«No fue una elección, fue una sustitución»
Fue la salida jurídica que tuvieron los diputados, según el mandatario, pues ante la destitución debían nombrar a sustitutos, mas no a funcionarios electos.
Este aspecto fue cuestionado por partidos de oposición y organizaciones, pues los magistrados no fueron nombrados bajo un listado del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), como establece el artículo 186, inciso 3 de la Constitución de la República.
Diplomáticos mantuvieron rechazo a destitución
A pesar de la exposición del mandatario, algunos diplomáticos como el Embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols, y la Embajadora de Canadá, Karolina Guay, mantuvieron su postura contra la destitución.
«Puede haber argumentos a favor y en contra. Fue chocante que sin trámites previos se destituía a magistrados, sin que ellos pudieran decir prácticamente nada, esa es la preocupación reflejada […] Lo que debe hacer es reforzar la democracia y no debilitarla. Cuando no se refuerza, se debilita, es una gran responsabilidad que tiene usted y los diputados de la Asamblea», destacó Bassols.
