
Por: Redacción YSKL
Las organizaciones que aglutinan la Mesa Nacional Contra la Privatización del Agua, señalaron dudas respecto a la propuesta de Ley General de Agua, que presentó el Gobierno y que fue conocida este jueves por parte de la Comisión Ad-hoc conformada por la Asamblea Legislativa.
La primera reunión que se llevó a cabo el 8 de julio pasado, concluyó que los parlamentarios trabajarán la nueva legislación sobre la base de la propuesta del Ejecutivo, algo que para Luis González, representante de la Mesa, riñe con los cinco puntos no negociables que han presentado las organizaciones que velan por la defensa del vital líquido.
Los puntos fundamentales que debe contener la ley y que no fue contemplado en el documento gubernamental son:
– Agua como bien público, no sujeta a privatización, según González, la propuesta del Gobierno contiene elementos que “promueve el desarrollo económico y social”, que se traduce en la participación de empresas con dos tipos de autorizaciones para manejar el vital líquido, dependiendo del rango de metros cúbicos usados.
“No cuenta con algunos elementos claves, los diferentes usos, balance hídrico, cantidades de carga del acuífero, uno no sabe cuánta agua puede proveer un acuífero, si alcanza para consumo humano, agricultura, mantener ecosistemas, no se puede poner una cantidad de metros cúbicos por ley, sin sopesar esto”, explicó.
– Separación de permisos conforme a rubros específicos. En este caso, la Mesa sugirió calcular los usos que se le da al agua, y que las instituciones que participarán en la nueva autoridad que regirá este recurso se encarguen de dar la autorización.
“Yo puedo asignar tal monto para ANDA, para que brinden agua a la población, tal monto al Ministerio de Agricultura, para que puedan disponer del riego de alimentos y avenamientos; tal cantidad a la CEL, para garantizar la producción energética”, ejemplificó.
– Participación pública en la toma de decisiones del agua. La junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que propuso el Gobierno, si bien tiene representación de instituciones públicas, suprime dependencias claves para gobernar el agua, como organismos nacionales de cuencas, dirección de planificación, dirección de monitoreo y seguimiento y un tribunal de apelaciones, cuando solo tiene un tribunal sancionador.
Por otro lado, González esgrimió que el Gobierno no plantea la creación de organismos de veeduría ciudadana, algo que las organizaciones sí habían pedido crear. “Había participación en organismos en las mismas oficinas que el Gobierno eliminó en su propuesta”.
Dirigentes de @SomosAguaES cuestionaron algunos puntos de la propuesta gubernamental de ley general de recursos hídricos.
— Radio YSKL (@radioyskl) July 12, 2021
Vía @pachequitoyskl pic.twitter.com/kBbIXdt4iG
– Gestión sustentable. Rodolfo Calles, parte del equipo de la Alianza Nacional, expuso que la iniciativa del Gobierno no garantiza la recarga de las cuencas hidrográficas, a partir del hecho que no se ha elevado el agua a rango constitucional, a fin de garantizar el acceso al vital líquido y su saneamiento.
El ambientalista propone políticas de resarcimiento de cuencas, debido a que son los principales generadores de agua para las comunidades, “estamos cuestionando que la ley del gobierno ha eliminado las estructuras sociales de cuencas y las ha colocado en una junta directiva que se reunirá cada dos meses, es grave, porque esa estructura debería tener su control en cada cuenca y en cada una sustentar el proceso para facilitar el suministro”.
– Régimen Económico. Además, dijo que el Estado debe insistir en que los cobros por el suministro de agua debe ir acorde a su uso, tanto consumo y doméstico, como privado.
“Deja abierto los cánones de precios, será complicado, porque juntas y comunidades se van a convertir automáticamente en pequeñas empresas privadas para poder subsistir, cuando la capacidad de suministro de agua puede ser mucho menor a una empresa”, indicó.
La Alianza envió este miércoles a la Asamblea Legislativa una solicitud en la cual piden ser incluidos en la discusión de la ley. La comisión ad hoc, se reunirá este jueves.


















