«Es un golpe a la independencia judicial»: Jueces rechazan reformas aprobadas por Asamblea que avalan remociones y traslados

Magistrados de Cámara, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz se pronunciaron contra las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa este martes en sesión plenaria y bajo dispensa de trámite.

Magistrados y jueces mayores de 60 años serán removidos y Corte Suprema nombrará sustitutos

En las modificaciones se establece que magistrados y jueces podrán ser removidos. Se trata de los mayores de 60 años o que ya posean 30 años de carrera que cesarán de sus cargos; sin embargo, no aplicará para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Las plazas vacantes las nombrará el pleno de la Corte, que en su mayoría fueron elegidos por los nuevos diputados, luego de las remociones del 1 de mayo y los nombramientos el pasado mes de junio. 

Los jueces aseguraron que el debate previo a su aprobación fue «ofensivo e indigno a la investidura judicial», ya que los diputados aseguraron que había corrupción en el Órgano de Estado.

También destacaron que la reforma es inconstitucional, puesto que los legisladores no tienen iniciativa de ley sobre la material, contemplado en el artículo 133 de la Constitución de la República.

Los administradores de justicia señalaron que hay vulneración en derechos constitucionales como al trabajo, estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica de los funcionarios judiciales; mostraron rechazo al despido masivo que conlleva y se oponen a la facultad de traslados de forma «subjetiva e imprecisa».

Así lo manifestó el juez Alberto Franco a través de la lectura de un comunicado.

«Quieren de un plumazo quitarnos nuestro trabajo, desde que me gradué opté por ser juez, solo porque tengo 60 años y de ribete me tachan de corrupta, ¿creen que es justo? Me están socavando mi dignidad, hay violencia de parte de la Asamblea y del mismo Presidente porque me imagino que están confabulados […] Es un golpe a la independencia judicial», señaló la jueza de paz de Apopa, Rosa Lilian Ponce.