Informe UCA: El Salvador perdió la independencia judicial

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Foto: José María Tojeira, Director del IDHUCA.
Foto: José María Tojeira, Director del IDHUCA.

Por: Redacción YSKL.

Este martes, el Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó el informe titulado “La captura del Órgano Judicial en El Salvador”, en el que se analiza “la pérdida de la independencia judicial en el país y el impacto al Estado de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos”.

Según explicó Gabriela Santos, Directora de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA y principal investigadora del informe, en un principio, el documento tenía como propósito   diagnosticar el impacto que tendría la elección de la tercera parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de la Asamblea legislativa, y cómo influiría el poder ejecutivo y legislativo ante la los resultados.

Ante dicho panorama “todavía no había sucedido lo del 1° mayo y eso cambió toda la dinámica”,  expresó la investigadora. Según corroboró, sucedieron hechos que “agravaron aún más esos escenarios previstos, con las destitución e imposición de facto de una nueva Sala de lo Constitucional”.

Como parte de los hechos, la investigadora señaló que en la CSJ se encuentran diez magistrados, que no correspondía a la actual legislatura elegir, pero que están “de alguna manera” respondiendo al Órgano Ejecutivo, específicamente al mandato del presidente de la república.

Santos enfatizó que no se puede hablar del tema, sin tomar en cuenta lo ocurrido el 9 de febrero de 2020. “la ocupación militar que hizo el presidente (Nayib Bukele) al ente legislador (…) ahí vemos el primer rompimiento de la institucionalidad”, sostuvo la académica.

El informe señala que posterior al 1° de mayo ocurrieron otros eventos que comprometieron la independencia judicial, entre ellas, la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, la cual destituyó a 248 jueces que tengan más de sesenta años o más de treinta ejerciendo su profesión, y eso no aplica para magistraturas de la CSJ.

“Esa ha sido una reforma sumamente grave, discriminatoria, se basa en un criterio etario para poder destituir a magistrados y por tanto, eso también riñe con estándares de protección internacional de derechos humanos”, explicó Santos ante dicho evento.

La experta recalcó que la gravedad de la toma gubernamental del órgano judicial, son los “procesos ilusorios” y añadió que no hay garantías judiciales para poder presentar ningún tipo de procedimiento ante agresiones que provengan de instituciones públicas.

Conclusiones

Por su parte, Danilo Flores, asesor de la Dirección del IDHUCA citó que el resultado de los  acontecimientos ha sido una “mayor influencia y control del presidente de la república sobre las demás instancias del Estado”.

Flores, señaló que la restitución del Estado de Derecho no será tarea fácil, sin embargo es importante que las instituciones de la sociedad civil continúen con el trabajo de reivindicación de los derechos humanos  así como con la denuncia de actos arbitrarios que se comenten desde el Estado.

Hallazgos

José María Tojeira, Director del IDHUCA, explicó que la idea de la democracia es de romper el autoritarismo y control de los sistemas judiciales para defender la libertad de las personas.

En ese sentido, añadió que “un sistema judicial que sea libre es indispensable para que la libertad de todos tenga la capacidad de conjugarse en el desarrollo y dignidad de todos”.

Al cierre de la presentación, Tojeira puntualizó que “la libertad de los fuertes debe tener limitaciones y debe existir una institución que se encargue de ello”; “el Estado debe poner sus recursos al servicio del desarrollo de las capacidades de la población”; “nadie estará autorizado a invadir algunos aspectos de la libertad y solo los derechos de las personas pueden ser absolutos”.

 

 

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