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Por: Redacción YSKL
Con votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles crear la Ley de Recompensas para el Combate a la Impunidad de Actos de Terrorismo, en el marco del Estado de Excepción que utiliza el Gobierno para combatir las pandillas.
La propuesta fue presentada con el objetivo de ejecutar un fondo de recompensas que será administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Los fondos serán entregados, según establece el decreto, a las personas que «brinden información que culmine en la captura de los miembros de grupos terroristas o que los aprehendan materialmente, que hayan sido determinados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública» y que se encuentren relacionados en la lista que al efecto cree el ministerio, y haya una difusión u orden de captura por parte de las autoridades competentes.
Las cantidades, además, estarán exentas de impuestos, retenciones y descuentos. Y los montos estarán supeditados por la cartera de Seguridad y publicados para que la población conozca su existencia.
Los intervinientes en su participación tanto al entregar información o al entregar a los terroristas requeridos por las autoridades, tendrán el derecho a no otorgar ninguna información personal o confidencial que requieran las autoridades que se vean involucradas, salvo al momento de la entrega de la recompensa si fuese indispensable.
Adicionalmente, los diputados aprobaron una reforma al Presupuesto General de la Nación, para asignar $30 millones al fondo de recompensa, que tiene como finalidad, fomentar la participación ciudadana en el combate del crimen organizado.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda informaron que el financiamiento proviene de la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal, del monto recaudado a la fecha en concepto de Impuesto Sobre la Renta, y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; los cuales reflejan excedentes con relación a las estimaciones programadas al mes de marzo del corriente año.
Junto con la nueva normativa, el Gobierno pidió la aprobación de un legajo de leyes, que tienen por objeto perseguir y cooptar la operatividad de las pandillas en el territorio, basados en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (24.08.2015), que reconoce a estos grupos delincuenciales como grupos terroristas.
