Por: Redacción YSKL
Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil llegaron este martes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para solicitar medidas de protección a defensores del río Sensunapán que rechazan la construcción de la octava central hidroeléctrica en este cuerpo de agua.
Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que el Comité Indígena para la Defensa de lo Bienes Naturales de Nahuizalco, ha recibido amenazas y acoso por defender el patrimonio cultural y medioambiental del Río Sensunapán, en Nahuizalco, Sonsonate.
«Queremos entregarle el escrito que tiene a su base una solicitud de protección y resguardo ante determinados hechos como actores y empresas hidroeléctrica, han estado realizando contra ellos», explicó.
Los demandantes exigen el acompañamiento de la PDDH para garantizar la integridad física y la lucha por sus derechos.
La construcción de la hidroeléctrica implicaría la extinción de cuatro kilómetros de río y, con ello, el daño irreversible a al menos 14 lugares sagrados, ceremoniales y de memoria, denunciaron las comunidades de los cantones Pushtan y Sisimetepet que se abastecen con el agua de Sensunapán.
Actualmente la construcción de la presa ha sido paralizada por órdenes de una Cámara Ambiental, que mandató al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que no se le otorguen los permisos a la sociedad Sensunapán S.A. de C.V..
Además, el Ministerio de Cultura debe proteger y salvaguardar los siete lugares sagrados identificados en la zona de influencia y estará obligado a levantar un informe que tendrá participación de pueblos indígenas y técnicos de dicha entidad.
La región hidrográfica Sensunapán-Banderas, tiene en su cauce, siete proyectos hidroeléctricos bajo la modalidad extractivista de pequeñas represas.
Es la única cuenca que posee un estrés hídrico alto en el país (0.65 según el Sistema de Información Hídrica del MARN), por lo que, según lo ordenado por la Cámara Ambiental, el MARN debe informar de la situación de dichas represas realizando auditorías ambientales e informando sobre la situación en la que estas operan de cara a la protección de la cuenca del río Sensunapán-Banderas y su biodiversidad.
Según la resolución del Tribunal, las medidas cautelares tendrán un plazo de seis meses, para que las instituciones brinden los informes.



















