Por Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con 57 votos a favor, una nueva prórroga del régimen de excepción, que se mantendrá vigente durante 30 días en todo el territorio nacional.
Según el decreto aprobado con dispensa de trámite, la nueva extensión entrará en vigencia el 29 de agosto de 2026 y permanecerá hasta el 27 de septiembre de 2026, previa publicación en el Diario Oficial.
Con esta decisión, la medida continúa de forma consecutiva por quincuagésima cuarta ocasión, desde su aprobación inicial el 27 de marzo de 2022.
Más de 92 mil capturas durante su vigencia
Entre los argumentos para extender la medida, el decreto señala que las autoridades de seguridad han desarrollado operaciones para identificar y capturar integrantes de pandillas y personas vinculadas con estas estructuras.
El documento menciona casos relacionados con tráfico de drogas, así como personas que, según las autoridades, habrían intentado ocultar o modificar elementos de identificación asociados con pandillas, entre ellos tatuajes y señas.
También señala que las investigaciones han identificado presencia de integrantes de estas estructuras en otros países de la región y menciona capturas de personas deportadas desde Estados Unidos, México y Guatemala.
El decreto aprobado sostiene que, durante la vigencia del régimen, se han registrado más de 92,959 capturas de personas vinculadas a estructuras criminales y más de 1,299 días sin homicidios durante el actual gobierno.
Garantías constitucionales suspendidas
La nueva extensión mantiene la suspensión de las garantías relacionadas con los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución.
El régimen contempla disposiciones que modifican temporalmente las condiciones ordinarias de detención e investigación en casos vinculados con estructuras criminales.
Entre ellas está la ampliación del plazo de detención administrativa de 72 horas hasta un máximo de 15 días antes de la presentación ante un juez.
La medida también contempla mecanismos de investigación, entre ellos la intervención de telecomunicaciones dentro de los procedimientos correspondientes, y mantiene la aplicación del delito de agrupaciones ilícitas en procesos relacionados con pandillas y organizaciones criminales.
El decreto aprobado señala que estas medidas buscan dar continuidad al “restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”.
