Por Redacción YSKL
Un grupo de 80 miembros del Congreso de Estados Unidos solicitó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, cuya vigencia concluye el próximo 9 de septiembre de 2026.
Los legisladores sostienen que “no solo persisten las condiciones que justificaron la designación del TPS para El Salvador en 2001”, sino que además se han sumado “serias nuevas crisis humanitarias, económicas y de derechos humanos”.
La petición, encabezada por el congresista demócrata James P. McGovern, fue enviada mediante una carta en la que los firmantes argumentan que finalizar el beneficio afectaría a más de 200,000 salvadoreños acogidos al programa, así como a sus familias y a las comunidades donde residen en Estados Unidos.
Según el documento, poner fin al TPS “causaría un daño inconmensurable” a los beneficiarios, a sus hijos ciudadanos estadounidenses y a la economía del país.
Legisladores destacan impacto económico y familiar
En la carta se señala que nueve de cada diez salvadoreños amparados por el TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense y generan un aporte anual estimado de 5,400 millones de dólares a la economía, además de pagar alrededor de 1,500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
Los congresistas también indican que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre beneficiario del TPS y advierten que la cancelación del programa provocaría separación familiar.
Asimismo, señalan que muchos de los beneficiarios han residido legalmente en Estados Unidos durante más de 25 años, pero carecen de una vía para obtener la residencia permanente bajo la legislación migratoria vigente.
Datos citados por los congresistas:
- Más de 200,000 salvadoreños cuentan con TPS en Estados Unidos.
- El 90 % participa en la fuerza laboral.
- Aportan aproximadamente 5,400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense.
- Pagan cerca de 1,500 millones de dólares en impuestos cada año.
- Más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen un padre o madre beneficiario del TPS.
Argumentan que persisten las condiciones para mantener el programa
El documento afirma que la legislación federal establece que el TPS debe extenderse cuando el país designado no puede recibir adecuadamente a sus nacionales.
En ese sentido, los legisladores sostienen que “El Salvador claramente cumple ese estándar hoy”.
Entre los argumentos expuestos mencionan la continuidad del régimen de excepción desde marzo de 2022, la situación económica, los niveles de pobreza y reportes sobre violaciones a derechos humanos.
También citan informes de organizaciones internacionales y señalan que existen reportes independientes sobre migrantes deportados que “son comúnmente encarcelados al llegar a El Salvador sin revisión judicial ni debido proceso”.
Los firmantes agregan que la terminación del TPS expondría a los beneficiarios a la pérdida inmediata de su estatus legal, procesos de deportación y separación de sus familias.
Organizaciones respaldan la solicitud
La petición cuenta con el respaldo de diversas organizaciones, entre ellas la National TPS Alliance, American Business Immigration Coalition, Alianza Americas, National Day Laborer Organizing Network, Service Employees International Union (SEIU), CASA, CARCEN-LA, FWD.us y National Domestic Workers Alliance.
La designación vigente del TPS para El Salvador expira el 9 de septiembre de 2026 y la decisión sobre una eventual extensión corresponde al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
