Por Redacción YSKL
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el viernes al Gobierno de Donald Trump a reactivar el uso ampliado del sistema federal denominado Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, o SAVE, por sus siglas en inglés, para que funcionarios estatales y locales verifiquen la ciudadanía de personas inscritas en los padrones electorales.
La decisión, emitida sin firma, revocó una resolución de un tribunal federal inferior que había bloqueado los cambios realizados por la administración al programa, originalmente diseñado para verificar la elegibilidad de personas para recibir determinados beneficios públicos.
La Corte Suprema señaló que la legislación federal obliga al Gobierno a responder a las solicitudes de autoridades electorales estatales y locales que buscan comprobar la ciudadanía de los votantes. Al mismo tiempo, la mayoría hizo énfasis en que el uso del sistema debe permitir verificaciones “individualizadas”.
La decisión y la regla de los 90 días
La opinión del máximo tribunal también hizo referencia a la Ley Nacional de Registro de Votantes, que restringe las eliminaciones sistemáticas de personas de los padrones durante los 90 días anteriores a una elección.
Según la Corte Suprema, esta disposición limita el efecto inmediato de la reactivación de SAVE, debido a la denominada “moratoria” de 90 días.
La administración Trump ha sostenido que esa prohibición también se aplica a las depuraciones dirigidas a personas que no son ciudadanas. La Corte Suprema, sin embargo, indicó que no necesitaba resolver esa cuestión en este caso.
El tribunal tiene previsto abordar próximamente otro litigio relacionado con el alcance de esa restricción.
Críticas por posibles errores
Los tres magistrados de tendencia progresista, Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor, y Elena Kagan, discreparon de la decisión.
Jackson sostuvo que el riesgo de que votantes legítimos sean afectados por las revisiones supera el beneficio que obtendría el Gobierno al utilizar el sistema.
“El daño causado al imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el daño inexistente que experimenta el gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad”, escribió en su disidencia.
Grupos de defensa del voto y organizaciones de privacidad también cuestionaron el fallo y advirtieron sobre posibles identificaciones erróneas.
El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que administra SAVE, ha reconocido que los resultados del sistema no siempre son precisos.
Los críticos sostienen que una utilización más amplia de la herramienta puede llevar a que personas que cumplen los requisitos sean señaladas como posibles no ciudadanas y enfrenten procesos de verificación o la eventual cancelación de su registro.
SAVE fue ampliado durante el Gobierno de Trump
Los funcionarios electorales republicanos y grupos conservadores han promovido durante años un uso más amplio de SAVE para revisar los padrones electorales.
Durante el segundo mandato de Trump, el DHS amplió las bases de datos utilizadas por el sistema, incluidas algunas procedentes de la Administración del Seguro Social, y modificó la herramienta para permitir la carga masiva de listas de votantes.
La jueza federal Sparkle Sooknanan, nombrada por el expresidente Joe Biden, había concluido que varios de esos cambios probablemente infringían normas federales sobre la reutilización de información recopilada por el Gobierno.
La administración apeló esa decisión ante la Corte Suprema. Algunos estados gobernados por republicanos también defendieron el acceso al sistema.
Caso de Utah muestra discrepancias
Uno de los ejemplos citados en el debate sobre la precisión de SAVE corresponde a Utah.
El sistema identificó inicialmente a casi 9,000 personas como posibles no ciudadanas. Sin embargo, después de una revisión adicional realizada por funcionarios estatales, se confirmaron 27 casos de personas no ciudadanas y otros 25 fueron considerados probables.
Las autoridades encontraron documentación que confirmaba la ciudadanía de casi 5,700 personas incluidas inicialmente en el grupo. Otros miles de registros permanecían bajo revisión.
El caso es utilizado por los críticos del programa para advertir que una coincidencia generada por SAVE no equivale necesariamente a una determinación definitiva de que una persona no tiene ciudadanía estadounidense.
La administración Trump, por su parte, sostiene que corresponde a los estados realizar las verificaciones adicionales antes de tomar medidas sobre los registros electorales.
El fallo se produce mientras los estados se preparan para las elecciones intermedias de noviembre y deja vigente el uso de SAVE para las verificaciones de ciudadanía, aunque permanecen pendientes litigios sobre los límites que puede tener el sistema y sobre las reglas federales para modificar los padrones cerca de una elección.
