Por Redacción YSKL
Una propuesta que analiza la administración de Donald Trump para facilitar el acceso a un terreno privado colindante con el Parque Nacional Yosemite enfrenta cuestionamientos de legisladores, trabajadores del Servicio de Parques Nacionales y organizaciones conservacionistas.
El plan contempla un posible intercambio de terrenos entre el Servicio de Parques Nacionales (NPS) y Kingsbarn Realty Capital, una empresa inmobiliaria con sede en Nevada. De concretarse, la operación permitiría construir una carretera que atravesaría terrenos actualmente administrados por el parque para conectar con una propiedad privada de unas 33 hectáreas.
Kingsbarn adquirió el terreno, conocido como Hazel Green Ranch, en febrero de 2024. La empresa proyecta desarrollar allí un pequeño complejo residencial y comercial.
Propuesta busca habilitar una vía más corta
Según Lanny Davis, abogado de Kingsbarn, la propiedad actualmente se encuentra a unos 40 kilómetros por carreteras públicas. La empresa plantea construir una vía de acceso más corta a través de terrenos del parque.
Posteriormente, Kingsbarn señaló que, aun con la nueva carretera, el trayecto desde la propiedad hasta el valle de Yosemite sería de aproximadamente 45 minutos.
El NPS reconoció en una propuesta presupuestaria presentada al Congreso que no cuenta con autoridad legal para simplemente transferir el terreno a la empresa, por lo que el intercambio es considerado como una alternativa para atender la solicitud.
Interior asegura que no hay una decisión definitiva
El Departamento del Interior, dependencia a la que pertenece el NPS, afirmó que no existe “ninguna presión política para alcanzar un resultado predeterminado” y señaló que todavía no se ha tomado una decisión definitiva.
La dependencia indicó que cualquier intercambio o autorización de acceso que involucre terrenos del NPS tendría que cumplir con las leyes y regulaciones federales aplicables, incluidos los procesos de revisión ambiental y notificación pública.
La propuesta también generó cuestionamientos porque, según funcionarios de los condados de Mariposa y Tuolumne, sus administraciones no fueron consultadas por el NPS ni por Kingsbarn y conocieron el proyecto el viernes.
Trabajadores y conservacionistas cuestionan proyecto
La sección local 465 de la Federación Nacional de Empleados Federales, sindicato que representa a trabajadores del NPS, manifestó su “consternación” ante la posibilidad de transferir terrenos públicos a intereses privados.
El grupo señaló además que está “sumamente preocupada” por las posibles repercusiones del proyecto sobre las condiciones laborales de los empleados del parque.
La Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales también cuestionó la iniciativa. Neal Desai, director regional sénior de la organización para el Pacífico, sostuvo que la propuesta podría establecer un precedente para otros terrenos administrados por el sistema de parques.
“Esto envía el mensaje de que cualquier terreno en nuestros parques nacionales está en venta”, declaró Desai a CNN.
Cuestionan posibles precedentes
El representante demócrata Jared Huffman, miembro de alto rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, afirmó que los parques nacionales deben conservarse para las generaciones futuras y advirtió sobre un posible efecto en otras áreas protegidas.
El gobernador Gavin Newsom también criticó la propuesta en X y afirmó que California no permanecerá al margen ante lo que calificó como una apropiación indebida de tierras públicas.
Alex Honnold, quien en 2017 realizó la primera escalada libre de El Capitán, en Yosemite, describió la propuesta como “una locura” y como “el epítome de vender el futuro para sacar provecho en el presente”.
Kingsbarn defiende posible acceso
La empresa ha negado haber mantenido conversaciones con la Casa Blanca sobre la propuesta. Según Kingsbarn, no ha tenido “ninguna comunicación ni contacto con la Casa Blanca sobre este plan propuesto”.
Davis, abogado de la compañía, también rechazó los cuestionamientos ambientales. Sostuvo que una vía de acceso más corta reduciría la exposición a las emisiones de los vehículos frente a los recorridos actuales.
El caso se encuentra todavía en análisis y cualquier eventual intercambio de terrenos o autorización de acceso tendría que pasar por los procedimientos federales correspondientes.
