Por Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este jueves inició un nuevo juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia.
Según la Fiscalía, durante su gestión Montano realizó despidos de empleados municipales “de forma arbitraria”, sin cumplir el procedimiento legal establecido para separarlos de sus cargos.
De acuerdo con la FGR, los empleados afectados acudieron a los juzgados correspondientes y obtuvieron resoluciones que ordenaban su reinstalación, además del pago de salarios y prestaciones.
La Fiscalía sostiene que, pese a estas resoluciones, Montano y el concejo municipal no cumplieron con las disposiciones judiciales.
El proceso iniciado este jueves se suma a los antecedentes judiciales que enfrenta la exfuncionaria por hechos ocurridos durante su administración de la alcaldía de Soyapango.
Condenada anteriormente a 10 años de prisión
Montano fue condenada en junio de 2025 a 10 años de prisión por los delitos de negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. La sentencia estableció seis años por incumplimiento de deberes y cuatro por negociaciones ilícitas.
En ese proceso, la FGR sostuvo que la exalcaldesa tomaba decisiones sobre el uso de fondos municipales y priorizaba actividades como eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de obligaciones laborales con trabajadores de la comuna.
Las investigaciones se originaron a partir de denuncias presentadas por empleados municipales por el impago de sus obligaciones durante 2022.
En el proceso anterior, la Fiscalía sostuvo que Roque Baires asistía a reuniones del concejo municipal y brindaba opiniones y asesorías jurídicas a cambio de que Montano nombrara a su hermano como jefe de transporte.
Además, según la acusación, Montano adjudicó de manera ilegal a Ricardo Baires un proyecto relacionado con el cobro de mora tributaria.
El nuevo proceso comunicado este jueves corresponde a hechos relacionados con los despidos y el presunto incumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaban la reinstalación de trabajadores municipales.
