Por: DW
Un juez ordenó a la primera dama de Colombia publicar, en un lapso de 48 horas, las cuentas detalladas de las donaciones que recibió su fundación para atender a las víctimas de un devastador terremoto, según el fallo obtenido por la AFP el jueves.
Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, está a cargo de buena parte de las contribuciones de privados para atender a cientos de miles de afectados y reparar los daños por el sismo de 7,4 grados ocurrido el 10 de agosto.
El juez ordenó a su fundación Luz y Sonrisas entregar un «informe de gestión» en el que detalle «de manera clara, precisa, congruente» qué ha hecho con los aportes que «recibió, administró, canalizó o distribuyó», de acuerdo con el documento.
La fundación, creada poco después de la elección del mandatario, informó en octubre haber recibido más de 17 millones de dólares.
Pero la oposición y algunos medios locales cuestionan que las donaciones anunciadas por De la Espriella en sus redes sociales suman más de 200 millones de dólares.
Además aseguran que casi tres meses después las ayudas no están llegando a las zonas más afectadas en el oeste del país, donde las pérdidas se estiman en unos 9.500 millones de dólares.
La decisión responde a un recurso judicial interpuesto por el senador izquierdista Alejandro Ocampo.
«Ahora vamos a saber dónde está la plata», dijo el congresista en un video en X.
«Recursos no se utilizaron»
El informe presentado por Pineda indica que 48.000 personas recibieron ayuda humanitaria, sin especificar de qué tipo.
Tampoco detalla el dinero ejecutado en los lugares donde miles de viviendas, escuelas y hospitales quedaron en ruinas.
Pineda aseguró en una entrevista con Telecaribe que los recursos no se utilizaron «porque las ayudas humanitarias fueron suficientes». Agregó que el dinero se utilizará en una segunda fase de reconstrucción.
El 31 de octubre, la primera dama inauguró unas vallas en un municipio del departamento de Caldas (oeste), pero no entregó casas ni ayudas, lo que generó críticas.
«Cuando el gobierno dice que recojan en una fundación privada, ya ese dinero entra al escrutinio público», agregó Ocampo.
El fuerte terremoto dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas.
