Por Redacción YSKL
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador reprogramó por tercera ocasión el inicio del juicio por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989. La vista pública fue fijada para el 5 de abril de 2027, a las 8:00 de la mañana.
En el proceso son imputadas 11 personas, entre ellas el expresidente Alfredo Cristiani Burkard, el exdiputado Rodolfo Parker y varios exmilitares vinculados con el alto mando de la Fuerza Armada durante el conflicto armado interno.
El abogado defensor del general Rafael Humberto Larios López, Eduardo Cardoza, explicó que la decisión tomó en cuenta solicitudes relacionadas con el estado de salud de algunos procesados y compromisos judiciales de abogados defensores.
“Por eso se señaló hasta el próximo año, de acuerdo con la agenda del tribunal”, expresó Cardoza.
Dos imputados sin asistir a la audiencia
Durante la jornada de este miércoles, Larios López y el general Juan Rafael Bustillo Toledo no se presentaron en la sala de audiencias. Sus defensores entregaron escritos en los que alegaron motivos de salud.
Ante las inasistencias, las juezas remitirán los casos al Instituto de Medicina Legal (IML), para que determine si las condiciones médicas justifican que ambos imputados no comparecieran. Cabe señalar que si las ausencias no se justifican, podrían ser declarados rebeldes.
La defensa del coronel Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, por medio del abogado Francisco Garay Pineda, señaló que el proceso se tramita bajo el Código Procesal Penal de 1998.
Según explicó, ese marco exige la presencia de los imputados durante el juicio, en atención a los principios de inmediación y derecho de defensa.
Tribunal rechazó separar el proceso de Rodolfo Parker
El abogado Carlos Miranda, defensor del exdiputado Rodolfo Parker, explicó que había solicitado dividir el proceso debido a que participa en otra audiencia que continuará hasta el 30 de octubre. Sin embargo, el tribunal no accedió a esa petición.
Cardoza indicó que la Fiscalía también se opuso a separar la causa, al considerar necesario presentar en un solo juicio los testimonios y la documentación histórica relacionada con los hechos.
“Era necesario, por los testigos, la prueba, y la abundante información histórica y documental que se tiene, que la diligencia se evacúe en un solo acto”, manifestó el abogado.
Por su parte, Cardoza cuestionó el proceso y reiteró la postura de su defendido sobre las acusaciones.
Notificación de Inocente Montano sigue siendo un punto del proceso
La primera fecha prevista para la vista pública fue el 20 de julio de 2026. Posteriormente, el tribunal la trasladó al 14 de octubre, debido a que no había recibido respuesta de España sobre la notificación judicial al coronel Inocente Orlando Montano Morales, quien cumple una condena en ese país por su vinculación con el caso.
Cardoza explicó que la notificación se solicitó mediante mecanismos de asistencia internacional, con participación de organismos, embajadas y la Fiscalía.
En agosto, la Audiencia Nacional española concedió libertad condicional anticipada a Montano por razones de salud. La resolución mencionó un “declive cognitivo elevado” y estableció que quedaría bajo el cuidado y vigilancia de la organización Basida, en Madrid.
Durante la audiencia del miércoles, el tribunal no informó si Montano ya había sido notificado del juicio.
¿Quiénes son procesados y qué delitos se les atribuyen?
El proceso incluye a 11 imputados, con cargos que varían según la participación que la Fiscalía atribuye a cada uno:
- Alfredo Cristiani Burkard: asesinato en calidad de autor mediato por omisión.
- Rafael Humberto Larios López y Juan Orlando Zepeda Herrera: asesinato como autores mediatos.
- Juan Rafael Bustillo Toledo, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López y Joaquín Arnoldo Cerna Flores: complicidad en asesinato.
- Inocente Orlando Montano Morales: autoría mediata en asesinatos atribuidos por la Fiscalía, además del cargo de terrorismo.
- Rodolfo Antonio Parker Soto, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía: fraude procesal y encubrimiento personal.
La Fiscalía también atribuye el delito de terrorismo a varios de los exmilitares procesados. Las imputaciones corresponden a acusaciones penales y deberán ser examinadas en el juicio.
Hechos de noviembre de 1989
La masacre ocurrió durante la ofensiva final de la guerra civil salvadoreña. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, efectivos del batallón Atlacatl ingresaron al campus de la UCA y asesinaron a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López. También le quitaron la vida a Elba Ramos, trabajadora de la universidad, y a su hija Celina Ramos.
El Informe de la Comisión de la Verdad documentó la participación de efectivos militares y el intento de atribuir los asesinatos a la guerrilla mediante la alteración de la escena del crimen.
En enero de 2022, la Sala de lo Constitucional revocó una resolución de la Sala de lo Penal que había cerrado el caso. Un mes después, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra integrantes del alto mando militar e incorporó a Cristiani y Parker al proceso.
La próxima fecha fijada por el tribunal es el 5 de abril de 2027, cuando se prevé instalar la vista pública con la comparecencia de los imputados y la presentación de las pruebas admitidas.
