Por Redacción YSKL
El Ministerio de Economía presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de la Economía Azul (ASEA), una iniciativa que plantea la creación de un ente autónomo con atribuciones rectoras sobre la pesca, la acuicultura y las actividades conexas, bajo el enfoque de economía azul.
El anteproyecto establece que la ASEA sería la institución competente para aplicar tanto la nueva ley como la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, incluyendo la potestad de imponer sanciones administrativas por infracciones a dicha normativa.
Régimen sancionatorio bajo competencia de la ASEA
Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la asignación directa de la competencia sancionatoria a la nueva Autoridad. Según el artículo 21, corresponderá a la ASEA conocer e imponer sanciones por las infracciones previstas en la legislación pesquera vigente.
El texto señala que, ante el conocimiento o denuncia de posibles infracciones, la Gerencia de Ordenación y Administración Pesquera y Acuícola instruirá el procedimiento sancionatorio conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos.
El gerente de dicha unidad podrá decretar, “fundada y motivadamente”, medidas cautelares y emitir la resolución correspondiente, la cual admitirá recurso de apelación ante el Director Ejecutivo de la Autoridad.
El anteproyecto precisa que estas sanciones administrativas se aplicarán “sin perjuicio de la deducción de otras responsabilidades legales” en ámbitos marítimo-portuario, ambiental, civil o penal.
Finalidad y naturaleza de la nueva entidad
De acuerdo con el artículo 2, la ASEA se constituiría como una institución oficial autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía financiera, administrativa, operativa y presupuestaria. La Autoridad estaría adscrita al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.
La iniciativa define a la ASEA como el ente rector de la política y planificación de la pesca, la acuicultura y actividades conexas, responsable de la formulación, evaluación y seguimiento de políticas públicas orientadas al uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, sin poner en riesgo el medio ambiente ni la biodiversidad.
Objeto de la ley propuesta
El anteproyecto establece que la ley tendría como objeto crear un marco jurídico e institucional para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento económico y el uso racional de los recursos hidrobiológicos, mediante el enfoque de economía azul.
La propuesta define la economía azul como un modelo que prioriza el uso sostenible de los recursos marinos y continentales, apoyado en la innovación y la colaboración multisectorial, con énfasis en la generación de empleo, la mejora de los medios de vida y la conservación de los ecosistemas.
Atribuciones planteadas para la Autoridad
El anteproyecto asigna a la ASEA un amplio conjunto de funciones que abarcan desde la formulación de políticas hasta la regulación operativa del sector pesquero y acuícola.
Entre estas se incluye la facultad de otorgar, suspender o revocar licencias; definir vedas; regular la cadena de valor; realizar inspecciones; emitir certificaciones; coordinar acciones con otras instituciones del Estado y representar al país en espacios internacionales vinculados a la pesca y la acuicultura.
Elementos centrales del rol propuesto para la ASEA:
- Rectoría de la política nacional de pesca, acuicultura y economía azul.
- Control, verificación y trazabilidad de productos hidrobiológicos.
- Regulación de licencias, vedas y esfuerzo pesquero con base en criterios técnicos y científicos.
- Coordinación interinstitucional para monitoreo, control y vigilancia.
- Aplicación directa del régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley sectorial vigente.
Contexto normativo del régimen de sanciones
El anteproyecto remite al Capítulo VI de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, que clasifica las infracciones en graves, menos graves y leves, sancionadas con multas calculadas sobre la base del salario mínimo mensual vigente, además de decomisos y otras medidas administrativas.
Dicha ley establece responsabilidades específicas para titulares de autorizaciones, patrones o capitanes de embarcaciones, así como sanciones agravadas en casos de reincidencia, que pueden llegar a la revocatoria definitiva de licencias.
La propuesta de creación de la ASEA plantea que estas disposiciones sancionatorias serían ejecutadas directamente por la nueva Autoridad, como parte de un esquema de ordenación y control integral del sector bajo el enfoque de economía azul.
