Por Redacción YSKL

La oferta exportable de El Salvador fue presentada en Singapur durante un evento empresarial enfocado en productos agroalimentarios, con el objetivo de identificar oportunidades comerciales para el café, licores artesanales y otros bienes con potencial de ingreso a mercados del Sudeste Asiático.

La actividad fue organizada por Food Empire, empresa de la industria agroalimentaria con operaciones en diversas regiones del mundo y presencia relevante en Asia.

El encuentro permitió exponer productos salvadoreños ante representantes de empresas distribuidoras, restaurantes y compañías de alimentos y bebidas, en una jornada que reunió a cerca de 70 participantes del sector privado.

Durante el evento se presentaron muestras de café de alta calidad, licores artesanales y otros productos agroalimentarios, como parte de una estrategia para posicionarlos en el mercado singapurense y en destinos cercanos.

Singapur como mercado estratégico

El embajador de El Salvador en Singapur, Jaime López, señaló que el país asiático representa un destino relevante por su perfil de consumo.

“Singapur constituye uno de los mercados más sofisticados y atractivos de Asia, por su alto poder adquisitivo”, indicó, al referirse a una población cercana a los seis millones de habitantes y a su dependencia del abastecimiento externo.

El diplomático también destacó que Singapur funciona como un centro logístico para otros mercados de la región, entre ellos Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Filipinas, que en conjunto concentran más de 680 millones de consumidores.

Proyección regional de la oferta salvadoreña

Según López, el encuentro permitió establecer contactos directos con actores clave del sector y explorar posibles colaboraciones comerciales.

“Este encuentro facilitó el intercambio directo de experiencias, la generación de contactos empresariales y la identificación de oportunidades de colaboración”, afirmó.

La participación en este tipo de espacios forma parte de los esfuerzos por ampliar la presencia de productos salvadoreños en mercados asiáticos y diversificar los destinos de exportación del sector agroalimentario.

Por Redacción YSKL

Dos de los seis hombres procesados por el delito de lesiones graves fueron declarados culpables tras un veredicto mixto emitido por un jurado de conciencia, en un caso relacionado con una agresión contra agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.

Luego de valorar la prueba incorporada durante el juicio, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla encontró responsables a Óscar Alexander Aguilar Cordero y Julio César Bonilla Flores, a quienes impuso una condena de tres años y seis meses de prisión, además del pago de $400 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2025, cuando los imputados, presuntamente bajo los efectos del alcohol, agredieron físicamente a dos agentes del CAM que atendían una denuncia ciudadana.

La intervención se realizó en un lugar donde está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

En el mismo proceso, los otros cuatro acusados fueron declarados inocentes y absueltos del delito que se les atribuía, al no establecerse su responsabilidad penal en los hechos investigados.

Por: Redacción YSKL

 La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres ecuatorianos, procesados por traficar un millonario cargamento de cocaína, sean condenados a 15 años de prisión, cada uno.

Los condenados son: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez.

Los extranjeros fueron intervenidos por la marina nacional en aguas territoriales cuando pretendían movilizar la droga.

Al ver la presencia de las autoridades, decidieron lanzar los bultos al mar, pero amarrados con boyas de navegación. Este hecho ocurrió en febrero de 2025.

Luego de los análisis correspondientes, determinaron que el valor comercial de la droga es de $38,589,900.00 dólares.

El juicio se desarrolló ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Por: Redacción YSKL

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana declaró culpables a 32 personas que integraban ocho células delictivas, acusadas de los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.

Según el fallo judicial, los ahora condenados coordinaban el traslado irregular de víctimas hacia los Estados Unidos, evadiendo los controles migratorios de diversos países de la región.

Debido a la gravedad de los hechos y al grado de participación de cada imputado, el tribunal impuso la pena más alta de 170 años de prisión a Mario Ernesto Acosta Morán, seguido de José Elías Ortiz Hernández, condenado a 52 años.

Por su parte, Ana de la Cruz Flores Márquez y Pedro Arias Castillo recibieron penas de 38 años de cárcel cada uno. Asimismo, otros líderes y colaboradores de la estructura recibieron condenas significativas: Nelson Mauricio Fuentes Ayala, Hugo Fredys Amaya Arévalo y Maximiliano Rodríguez Lizano 26 años de prisión, mientras que Franclin Omar Corrales Rivera deberá cumplir una pena de 24 años.

El resto de los integrantes de la red recibió condenas que oscilan entre los 19 y los 77 años de cárcel.

Las investigaciones fiscales determinaron que esta estructura operó entre octubre de 2021 y abril de 2022, periodo en el que trasladaron de manera irregular a 152 víctimas, entre salvadoreños y extranjeros.

La red utilizaba rutas terrestres con escalas en Guatemala y México, para finalmente intentar ingresar a las víctimas en territorio estadounidense.

Por: Redacción YSKL

Tras los recientes incidentes que afectaron a las familias residentes en el complejo habitacional Ciudad Marsella, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, brindó una actualización detallada sobre las investigaciones técnicas y las medidas que el Gobierno de El Salvador ha impuesto a la empresa constructora. Según la funcionaria, los peritajes realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Protección Civil y los técnicos de Vivienda descartan que el proyecto esté ubicado en una zona de riesgo natural, atribuyendo los daños a errores humanos y técnicos durante la fase de ejecución.

La ministra Sol fue enfática al señalar que las investigaciones determinaron responsabilidades directas sobre el manejo de la obra, afirmando que «se identificó negligencia de parte de la empresa y la necesidad de reestructurar y mejorar los procesos constructivos». Aclaró que, para tranquilidad de los habitantes, no se trata de una zona de peligro, sino que las inundaciones fueron producto de «meramente un descuido y que, lastimosamente, cayó esa lluvia y provocó que todos los drenajes se taparan de una manera completa».

En cuanto a la legalidad de los terrenos, se confirmó que el proyecto cuenta con los permisos correspondientes y respeta el límite de 25 metros de retiro solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente para proteger la zona colindante. No obstante, la ministra advirtió que la empresa aún tiene pendiente cumplir con la reforestación de dicho perímetro con árboles nativos. La inspección técnica concluyó que el colapso de los drenajes fue causado por la falta de protección en las zonas de trabajo, específicamente en el cuartier 13, donde la acumulación de ripio, concreto y tierra obstruyó las tuberías durante la tormenta.

Ante esta situación, el Gobierno ha condicionado la continuidad del proyecto a la reparación total de los daños y al cumplimiento de nuevos requerimientos técnicos. «La empresa está obligada a realizar las reparaciones de las viviendas afectadas, ejecutar las obras de mitigación y finalizar las obras urbanas de los cuartieres habitados que se encuentran incompletos», detalló Sol, especificando que las deficiencias se concentran en los cuartieres del 10 al 14.

Uno de los puntos más críticos señalados por la titular de Vivienda fue la práctica de la empresa de entregar viviendas sin haber finalizado las obras de urbanización y mitigación de su entorno, cobrando bajo la modalidad de alquiler con promesa de venta. «No se puede entregar una vivienda en esa condición por ninguna razón», sentenció la ministra, informando que se ha ordenado la devolución de los montos pagados por alquiler o reserva a aquellas familias que decidan desistir de la compra. Además, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) mantendrá suspendida la formalización de créditos en la zona hasta que se verifique que cada cuartier esté 100% terminado y seguro.

Finalmente, Michelle Sol aseguró que, gracias a la intervención conjunta con la Defensoría del Consumidor, la empresa ya comenzó a indemnizar a las familias afectadas por la pérdida de bienes materiales.

Aunque los trabajos de construcción continúan para finalizar las obras de mitigación pendientes, la ministra garantizó una supervisión estricta y constante: «El problema y la falla que ha tenido la empresa ha sido entregar casas cuando no se han terminado las obras urbanas y de mitigación. Esa práctica deben de pararla y deben garantizarle a las familias un proyecto 100% terminado».