Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, con 60 votos a favor y mediante dispensa de trámites, un pronunciamiento público para expresar su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela por las consecuencias de los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026.

En el documento, el órgano legislativo manifestó “la más sentida solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” ante los sismos, que, según el pronunciamiento, ocasionaron pérdidas de vidas humanas, personas lesionadas y daños materiales.

Los diputados señalaron que “es en estos momentos de adversidad que debe fortalecerse la unión entre los pueblos latinoamericanos”.

Reconocen misión humanitaria salvadoreña

El pronunciamiento también hace referencia a la respuesta del Gobierno de El Salvador tras la emergencia, indicando que el Ejecutivo dispuso el envío de equipos especializados de búsqueda y rescate.

El documento señala que el Gobierno “actuó con prontitud, en menos de 24 horas de sucedido el desastre”, al enviar personal del grupo USAR El Salvador y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada para participar en las labores de búsqueda y rescate.

Contenido del pronunciamiento

El acuerdo legislativo incluye los siguientes puntos:

• Expresar solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela por los terremotos del 24 de junio.
• Reconocer el envío de equipos salvadoreños de búsqueda y rescate como parte de la asistencia humanitaria.
• Reafirmar el compromiso de acompañar al pueblo venezolano mediante la cooperación y la solidaridad.
• Destacar la fortaleza y determinación del pueblo venezolano y los esfuerzos de sus instituciones durante la emergencia y el proceso de recuperación.

Respaldo a la recuperación

En el documento, la Asamblea también afirmó comprender el impacto que generan los desastres naturales sobre las familias y las comunidades, al señalar que El Salvador ha enfrentado situaciones similares a lo largo de su historia.

Asimismo, expresó su respaldo a las labores de recuperación en Venezuela y manifestó su confianza en que “mediante el trabajo conjunto, será posible avanzar hacia la reconstrucción de las zonas afectadas de esa nación”.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa recibió este jueves la lista de 18 profesionales que se postularon para optar a los cargos de presidente, primer magistrado y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República (CCR), cuyo período constitucional concluirá el próximo 27 de agosto de 2026.

El listado fue remitido a estudio de la Comisión Política, instancia que continuará con el proceso de evaluación previo a la elección de las nuevas autoridades del ente contralor.

Entre los aspirantes figuran el actual presidente de la Corte de Cuentas, Walter Salvador Sosa Funes, así como los magistrados en funciones Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos.

Aspirantes inscritos

La nómina recibida por la Asamblea está integrada por:

• Edgar Eliseo Alvarenga Funes.
• Walter Salvador Sosa Funes.
• Carla Gabriela Ciliézar Llevano.
• Julio Guillermo Bendek Panameño.
• Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.
• José Rodrigo Flores Ramos.
• Julio Alberto Jule Herrera.
• Carlos Aníbal Cruz Flores.
• Boris Romeo García Alvarado.
• Arnulfo José Parada Pineda.
• José Arnulfo Gaitán Castro.
• Gonzalo Octavio Ayala López.
• Luis Humberto Santos Guardado.
• Raúl Pareja Méndez.
• Marcela Beatriz Irayeta Alfaro.
• Carlos Orlando Lozano Hernández.
• José Luis Montalvo Martínez.
• Salvador Alexander Segovia Robles.

Proceso de elección

La convocatoria para presentar postulaciones concluyó a finales de junio.

Como parte del procedimiento, los aspirantes debieron entregar su hoja de vida y la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, entre ellos certificaciones personales, antecedentes, solvencias y constancias emitidas por distintas instituciones del Estado.

De acuerdo con el artículo 198 de la Constitución, quienes aspiren a integrar la Corte de Cuentas deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 30 años, de honradez y competencia notorias, además de encontrarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía durante los tres años anteriores a la elección.

Una vez concluido el análisis de la Comisión Política, corresponderá al pleno legislativo elegir, mediante votación nominal y pública, al presidente y a los dos magistrados que integrarán la dirección de la institución para un período de tres años.

Funciones de la Corte de Cuentas

La Corte de Cuentas es la institución encargada de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución del Presupuesto General del Estado.

Entre sus principales atribuciones se encuentran:

• Fiscalizar la recaudación, custodia y utilización de los fondos públicos.
• Examinar las cuentas de los funcionarios que administran recursos del Estado.
• Fiscalizar la gestión económica de instituciones y empresas estatales.
• Informar a las autoridades competentes sobre irregularidades detectadas en el manejo de bienes y fondos públicos.

La elección del presidente y de los dos magistrados será realizada por la Asamblea Legislativa mediante votación nominal y pública, una vez la Comisión Política concluya el análisis de los perfiles presentados.

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La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) que transfiere a esa institución las atribuciones relacionadas con la regulación del sector eléctrico que actualmente ejerce la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), como parte de una reorganización institucional.

La modificación establece que la DGEHM será la autoridad competente para ejercer las funciones regulatorias, normativas, administrativas y de registro en materia eléctrica, mientras que la SIGET concentrará sus competencias exclusivamente en el ámbito de las telecomunicaciones.

Durante el estudio de la iniciativa en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, explicó que el objetivo es “trasladar todas las atribuciones que tiene la SIGET en materia de electricidad” para “consolidar un marco institucional más integrado, ágil y coherente con los objetivos estratégicos del sector”.

Nuevas atribuciones para la DGEHM

Con la reforma, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas asumirá las competencias contempladas en la legislación del sector eléctrico, incluyendo la Ley General de Electricidad, la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) y la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables.

Entre las principales facultades que ejercerá la institución se encuentran:

• Aprobar cargos, tarifas y tasas del sector eléctrico.
• Dictar normas y estándares técnicos aplicables a la actividad eléctrica.
• Crear y administrar el Registro de Electricidad.
• Inscribir concesiones, contratos, derechos, equipos e instalaciones del sector.
• Representar al país ante organismos internacionales vinculados con energía.
• Suscribir convenios y acuerdos internacionales relacionados con el sector eléctrico.

Además, la reforma incorpora como fuente de financiamiento de la DGEHM los cargos, cánones, derechos y demás ingresos derivados del ejercicio de sus funciones regulatorias.

Proceso de transición

La normativa establece la creación de una comisión de transición integrada por representantes de la DGEHM y de la SIGET, que tendrá un plazo máximo de seis meses para coordinar el traslado de expedientes, registros, bienes y demás recursos relacionados con las competencias que pasarán a la Dirección.

Entre las funciones de esta comisión figuran:

• Coordinar la transferencia de competencias institucionales.
• Elaborar el inventario de activos, obligaciones y registros.
• Formalizar las actas de entrega y recepción.
• Garantizar la continuidad de los servicios y trámites administrativos.

Álvarez indicó que el traslado no implica la desaparición de la SIGET.

“No es que una institución va a desaparecer, sino que solo van a pasar ciertas facultades”, afirmó.

Asimismo, explicó que los procedimientos administrativos relacionados con electricidad serán trasladados a la DGEHM una vez entre en vigor la reforma, mientras que los procesos judiciales derivados de actuaciones previas continuarán bajo la responsabilidad de la SIGET.

“Todo aquello que ya tenga algo jurídico (…) lo va a mantener la SIGET para resolverlo”, señaló.

Reorganización institucional

La iniciativa también dispone que toda referencia contenida en leyes, reglamentos, contratos o convenios que atribuya funciones del sector eléctrico a la SIGET deberá entenderse como una referencia a la DGEHM una vez entre en vigencia la reforma.

Asimismo, las facultades que correspondían a la Junta de Directores o al Superintendente de la SIGET en materia eléctrica pasarán al director general de la DGEHM, y el Ministerio de Hacienda trasladará las asignaciones presupuestarias vinculadas a esas funciones.

Sobre los alcances de la medida, Álvarez sostuvo que la reorganización no modifica la participación de los actores del mercado eléctrico.

“No estamos centralizando el sector energético, lo que estamos es ordenándolo”, expresó el funcionario, quien agregó que el propósito es brindar mayor claridad institucional para el desarrollo y la planificación del sector.

La reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Por Redacción YSKL

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) que traslada las funciones relacionadas con el sector eléctrico a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), mientras que la institución concentrará sus atribuciones exclusivamente en el área de telecomunicaciones.

Durante el análisis de la iniciativa en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, explicó que la reorganización busca “consolidar un marco institucional más integrado, ágil y coherente con los objetivos estratégicos del sector”.

La reforma también modifica la denominación de la institución, que pasará a llamarse Superintendencia General de Telecomunicaciones (SIGET), manteniendo su carácter de entidad autónoma de servicio público con autonomía administrativa y financiera.

Transición de competencias

Álvarez señaló que la normativa establece un período de transición para el traslado de las funciones vinculadas al sector eléctrico.

“Las reformas lo contemplan con la creación de una comisión especial, con un plazo máximo de seis meses, para coordinar el traslado de expedientes, los registros e información en materia de electricidad de la SIGET a la Dirección”, indicó.

El funcionario aclaró que la reforma no implica la desaparición de la institución.

“No es que una institución va a desaparecer, sino que solo van a pasar ciertas facultades”, afirmó.

Asimismo, explicó que los procesos judiciales derivados de actuaciones realizadas antes de la entrada en vigor de la reforma continuarán bajo la responsabilidad de la SIGET, mientras que los procedimientos administrativos pendientes serán trasladados a la DGEHM.

“Todos los procedimientos administrativos en trámite van a pasar, a partir de la vigencia del decreto, a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas”, manifestó.

Cambios aprobados

La reforma contempla las siguientes modificaciones:

• Cambio de nombre a Superintendencia General de Telecomunicaciones (SIGET).
• Concentración de sus competencias exclusivamente en el sector de telecomunicaciones.
• Traslado de las atribuciones relacionadas con el sector eléctrico a la DGEHM.
• Permanencia de una única Gerencia de Telecomunicaciones.
• Sustitución del Registro de Electricidad y Telecomunicaciones por el Registro de Telecomunicaciones.
• Adecuación de la integración de la Junta de Directores para que los representantes del sector privado o académico sean especialistas en telecomunicaciones.

Alcances de la reorganización

Según Álvarez, la reforma no modifica la estructura del mercado eléctrico ni la participación de sus actores, sino que redefine las competencias institucionales.

“No estamos centralizando el sector energético, lo que estamos es ordenándolo”, expresó el funcionario, al sostener que la medida pretende brindar mayor claridad en la administración y regulación del sector.

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El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con una delegación de políticos mexicanos encabezada por el senador Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), con el objetivo de intercambiar experiencias sobre las políticas públicas implementadas por el Gobierno salvadoreño en materia de seguridad, transformación institucional y reconstrucción del tejido social.

Según informó la Vicepresidencia, durante la reunión Ulloa afirmó que la seguridad ciudadana ha sido el eje de las políticas públicas impulsadas por la administración del presidente Nayib Bukele. En ese contexto, expuso los alcances del Plan Control Territorial y de la denominada Guerra contra las Pandillas, iniciativas que, según el funcionario, han permitido recuperar territorios, fortalecer las instituciones de seguridad y restablecer servicios públicos en comunidades anteriormente afectadas por la violencia.

El vicemandatario también explicó que la fase 6 del Plan Control Territorial, denominada Integración, busca reducir la pobreza y fortalecer el tejido social mediante programas de inclusión, formación en arte y deporte, así como el funcionamiento de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), orientados a ampliar el acceso a la educación, la tecnología y la cultura.

Por su parte, el senador Antonio Martín del Campo manifestó el interés de la delegación por conocer de primera mano las políticas de seguridad implementadas en El Salvador y analizar la respuesta del Estado frente a los desafíos relacionados con la institucionalidad y la atención a las comunidades. Asimismo, informó que la comitiva tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como parte de su agenda.

Al concluir el encuentro, Ulloa reiteró la disposición del Gobierno salvadoreño de mantener espacios de cooperación, diálogo técnico e intercambio de experiencias con otros países en temas de seguridad, desarrollo e institucionalidad.

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La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), capturó la madrugada de este jueves a 11 personas señaladas de integrar una estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en los departamentos de Usulután y San Miguel.

Según la Fiscalía, las investigaciones establecen que la presunta red era liderada por José de la Cruz Parada Cordero y utilizaba taxis, servicios de transporte por aplicación y negocios fachada para distribuir droga en distintos sectores de Usulután y del municipio de San Miguel Centro.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un vehículo y un arma de fuego, evidencias que serán incorporadas al proceso penal.

El Ministerio Público informó que los 11 capturados serán remitidos a los tribunales correspondientes y enfrentarán cargos por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones sobre la estructura.

Por: Redacción YSKL. –

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la madrugada de este jueves ordenó la captura de tres personas acusadas de integrar una estructura dedicada a la distribución y venta de drogas en diferentes sectores del país.

Los detenidos fueron identificados como Gerardo Borja Pineda, Jesse Cortez Rodríguez y Roxana Bejarano Rivas. Según las investigaciones fiscales, los imputados utilizaban inmuebles ubicados en el barrio San Jacinto, en San Salvador, como base para dosificar y distribuir droga hacia otros departamentos.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron diversas porciones de marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego con su cargador y municiones, una balanza, un molinillo, varios teléfonos celulares y una tableta electrónica.

La Fiscalía indicó que los tres capturados serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes en los próximos días, mientras continúan las investigaciones del caso.

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El Juzgado Once de Paz de San Salvador decretó instrucción con detención provisional contra Adrián Ernesto Mangandi Guerra, quien es procesado por el presunto delito de consumo de material de abuso sexual infantil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue identificado como parte de una presunta red internacional de intercambio de material de abuso sexual infantil para consumo personal. La institución señaló que la información fue compartida por autoridades internacionales, lo que permitió coordinar su captura e incautar evidencias que, según la investigación, lo vinculan con los hechos.

La audiencia inicial se desarrolló en el Juzgado Once de Paz de San Salvador, donde la autoridad judicial resolvió que el procesado permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

La captura de Mangandi Guerra fue informada por la Fiscalía el pasado 19 de junio, como parte de un operativo derivado de la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador declaró la extinción del derecho de dominio a favor del Estado sobre dos inmuebles ubicados en el distrito de Acajutla, municipio de Sonsonate Oeste, que estaban registrados a nombre de Norma Urania de León Escobar.

De acuerdo con la resolución judicial, durante el proceso se realizó una investigación patrimonial correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 28 de febrero de 2023, así como un análisis de la adquisición de bienes y productos financieros de la propietaria.

Según el juzgado, la investigación determinó que los dos inmuebles representan un incremento patrimonial no justificado con base en fuentes lícitas conocidas, por lo que ordenó la extinción de su dominio a favor del Estado.

La resolución también señala que De León Escobar figura, según las investigaciones, como colaboradora activa de la Mara Salvatrucha (MS-13). Además, cita el testimonio de una persona que aseguró que la propietaria trasladaba droga a uno de los inmuebles, el cual operaba como un centro nocturno, actividad que, de acuerdo con esa declaración, se habría desarrollado desde 2016.

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 32 años de prisión a un sujeto tras encontrarlo culpable de los delitos de agresión sexual en menor e incapaz y violación en menor o incapaz, ambos en la modalidad continuada.

Según la información compartida por la fuente judicial, durante el desarrolló de la audiencia de vista pública quedó establecido por la Fiscalía General de la República (FGR) que los hechos delictivos iniciaron en el año 2013, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima tenía seis años de edad, y se prolongaron durante aproximadamente 11 años.

El Tribunal concluyó que el imputado se aprovechó sistemáticamente de la situación de vulnerabilidad económica de la víctima y de su grupo familiar para ejercer control sobre ella, sometiéndola a agresiones sexuales de forma reiterada que, con el paso del tiempo, evolucionaron hasta configurar el delito de violación continuada.

El reporte señala que las investigaciones en el caso iniciaron cuando la víctima decidió revelar lo sucedido durante una consulta en un centro de salud. A partir de esa información se activaron los mecanismos de protección y la víctima interpuso la denuncia que dio inicio al proceso penal.

Para emitir esta sentencia condenatoria, el tribunal valoró la declaración de la víctima rendida mediante la modalidad de cámara Gesell, el reconocimiento médico forense, los peritajes psicológicos, así como la prueba documental y testimonial incorporada por la representación fiscal. Debido a la naturaleza de los delitos y con el fin de salvaguardar la privacidad y la integridad de la víctima, el caso se manejó bajo reserva total.