Por: Redacción YSKL. –

Personal de la sede central de Cruz Roja Salvadoreña, en San Salvador, rindió la tarde del lunes un homenaje póstumo a Sandra Nohemí Benítez, presidenta de la Delegación Departamental de la Seccional La Unión, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido el domingo mientras regresaba del evento de resistencia acuática “Paso del Hombre”.

De acuerdo con un comunicado de la institución humanitaria, el percance ocurrió el pasado 15 de marzo en la carretera Litoral, a la altura de Santa Cruz Porrillo, en el distrito de Tecoluca, San Vicente, cuando el microbús con placas particulares en el que se transportaban los voluntarios y sus familiares sufrió el accidente.

En el siniestro también fallecieron María de Los Ángeles González de Bonilla y Marta Lidia Vásquez Espinal, esposas de los voluntarios Wilfredo Bonilla Velázquez y Josué Daniel Álvarez Rodríguez respectivamente. Ambos socorristas, junto a otras cinco personas que resultaron lesionadas, se encuentran estables según los informes hospitalarios.

Como parte del acto solemne realizado en la sede central, la institución entonó el himno del voluntariado, guardó un minuto de silencio y colocó la bandera institucional a media asta en memoria de Benítez y de las otras víctimas. Cruz Roja Salvadoreña indicó que este homenaje también será replicado en las distintas seccionales del país como reconocimiento a su legado humanitario.

La organización señaló que mantiene comunicación constante con los familiares de las víctimas y reiteró su disposición de brindarles acompañamiento en este momento difícil. Asimismo, informó que cualquier actualización sobre el caso será divulgada a través de sus canales oficiales.

Por: Redacción YSKL. –

La Cruz Roja Salvadoreña informó que la condición de salud de los voluntarios de la institución que resultaron lesionados en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, en Santa Cruz Porrillo, jurisdicción de Tecoluca, San Vicente Sur, se mantiene estable, de acuerdo con los reportes médicos más recientes.

Entre los socorristas afectados se encuentran Wilfredo Bonilla Velázquez, de 64 años, y Josué Daniel Álvarez Rodríguez, de 28, quienes fueron trasladados en estado crítico al Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca. Según la institución, ambos evolucionan favorablemente y actualmente se reportan estables, al igual que otras cinco personas que también resultaron lesionadas en el percance.

El accidente dejó tres personas fallecidas: Sandra Nohemí Benítez, presidenta de la Delegación Departamental de la Seccional La Unión de Cruz Roja Salvadoreña, así como María de Los Ángeles González de Bonilla y Marta Lidia Vásquez Espinal, esposas de los voluntarios Wilfredo Bonilla Velázquez y Josué Daniel Álvarez Rodríguez, respectivamente.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor del microbús con placas particulares 73DC2 perdió el control del vehículo, lo que provocó que impactara contra un árbol y posteriormente volcara sobre la vía.

En el automotor se transportaban voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña junto a familiares, quienes regresaban de participar en la prueba de resistencia acuática denominada “Paso del Hombre”, realizada en las costas de La Libertad. Tras el siniestro, los lesionados fueron auxiliados y trasladados al Hospital Nacional Santa Teresa por elementos de la Policía Nacional Civil, Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

Por: Redacción YSKL

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra José Octavio Rafael Juárez, de 21 años, acusado del delito de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima.

Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2026, cuando la víctima, comerciante de frutas y verduras, se percató mediante una alerta de celular de que, a través de las cámaras de videovigilancia, José Juárez ingresaba al negocio por las ventanas.

El puesto está ubicado en el agromercado La Isla, en calle Concepción, contiguo a la ferretería La Isla y a la calle El Tamarindo, en San Salvador.

La víctima alertó a los vigilantes del lugar y se dirigió al negocio. Al llegar, constató que el ahora procesado, exempleado de su negocio, había quebrado el vidrio de las ventanas del baño y que en la oficina faltaba una alcancía con $3,000 en monedas de un dólar, así como un bolso que contenía $3,072.

Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El juzgado remitirá el expediente a un Juzgado de Instrucción de San Salvador.

Por: Redacción YSKL

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión al ecuatoriano Jairon Iván León Acosta y a los colombianos Juan Carlos Mozquera Cortes y Siciliano Anatilio Vidal Sol, por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.

El 21 de noviembre de 2024, miembros de la Marina Nacional que realizaban patrullaje marítimo observaron una embarcación sospechosa que se desplazaba a excesiva velocidad y cambió de rumbo al detectar la presencia de la autoridad. Se inició la persecución y alcanzaron la lancha a 760 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo.

Durante la persecución, los imputados arrojaron al agua dos bultos. Al abordar la embarcación, las autoridades localizaron más paquetes sospechosos, haciendo un total de 26 bultos.

Posteriormente, los imputados fueron trasladados a la Capitanía La Concordia, ubicada en el estero de Jaltepeque, donde se entregó el procedimiento a las autoridades correspondientes.

En el juicio, los procesados admitieron haber cometido el ilícito y, de acuerdo con la experticia técnica, transportaban un total de 763 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito asciende a $19,181,866.62.

Por Redacción YSKL

Una mujer acusada de lavado de dinero y de activos continuará en detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra, según resolvió el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana.

La imputada es Karla Beatriz L. S., de 41 años, señalada por el delito de lavado de dinero y de activos en perjuicio del orden socioeconómico. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República presentó elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación de la acusada, por lo que el caso pasará a la etapa de instrucción.

Los hechos se originaron a partir de un registro con prevención de allanamiento realizado en una vivienda de la colonia Las Palmeras, en el cantón Primavera, distrito de Santa Ana, donde las autoridades buscaban evidencia relacionada con otro caso.

Durante el procedimiento, los agentes localizaron $33,675 en efectivo ocultos en distintos lugares del inmueble.

Parte del dinero se encontraba dentro de una almohada guardada en un ropero, distribuido en paquetes de billetes de diferentes denominaciones, mientras que otra cantidad fue hallada en una gaveta del mismo mueble.

Según el reporte judicial, la imputada no logró justificar el origen del dinero, por lo que la jueza ordenó que permanezca en detención provisional para garantizar su presencia durante el proceso y evitar una posible fuga.

Por: Redacción YSKL

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un fallo condenatorio contra el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson, tras confirmarse su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Como resultado de la resolución judicial, el exfuncionario ha sido sentenciado a restituir la suma de $450,729.39 dólares a las arcas del Estado, al no haber podido justificar el origen legal de dichos fondos durante su paso por la administración pública.

Las investigaciones fiscales determinaron que d’Aubuisson presentó un incremento patrimonial injustificado durante sus gestiones como diputado de la Asamblea Legislativa, en el periodo de 2012 a 2015, y posteriormente durante su mandato como alcalde de Santa Tecla, entre 2015 y 2021.

En total, la Cámara Ambiental de Santa Tecla validó la existencia de 82 irregularidades detectadas en sus declaraciones de patrimonio, las cuales no pudieron ser desvirtuadas durante el proceso judicial.

El fallo emitido por el tribunal también extendió la responsabilidad civil al grupo familiar del exalcalde, quienes fueron encontrados culpables y deberán reintegrar montos específicos al erario público. Su esposa, Jackeline de d’Aubuisson, está obligada a devolver la suma de $511,247.72 dólares, mientras que sus hijos, Johanna y Roberto d’Aubuisson, deberán restituir $12,939.87 y $15,480.00 dólares, respectivamente, tras determinarse que se beneficiaron del incremento patrimonial no justificado.

Además de la restitución económica, la Cámara Ambiental de Santa Tecla impuso una sanción administrativa contra el exfuncionario, inhabilitándolo para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.

Por: Redacción YSKL

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, previsto y sancionado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.

De acuerdo con la relación circunstanciada de los hechos, el pasado 11 de marzo de 2026, un miembro de la Policía Nacional Civil, destacado en la delegación Sur de San Salvador, se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios, cuando se percató de un celular que grababa por encima de la división entre los baños.

La víctima reaccionó y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación.

Asimismo, le solicitó el teléfono celular y verificó la existencia de los videos en la galería.

Durante la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen elementos suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el proceso pase a la etapa de instrucción.

Por Redacción YSKL

El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra un hombre acusado de grabar a policías en las duchas de una delegación policial, según la resolución emitida tras la audiencia inicial.

El imputado es Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, procesado por el delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, previsto en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos.

De acuerdo con la acusación, se desempeñaba como ordenanza o personal de mantenimiento en la delegación Sur de San Salvador.

Según la relación de los hechos, el 11 de marzo de 2026 un agente de la Policía Nacional Civil que se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios observó un teléfono celular que grababa por encima de la división entre los baños. Al percatarse de la situación, reaccionó y logró identificar al responsable de la grabación.

La víctima solicitó el teléfono y verificó en la galería la existencia de los videos. La acusación sostiene además que el dispositivo contenía más grabaciones de otros policías.

Tras valorar los elementos presentados por la Fiscalía, la juzgadora determinó que existen indicios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción con el acusado en detención provisional.

Por Redacción YSKL

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó este lunes los trabajos de mitigación realizados en el reparto La Campanera, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, una intervención que, según la institución, beneficia a más de 17,000 habitantes del sector.

Las obras incluyeron la eliminación de una cárcava que se había formado en la zona y que representaba un riesgo para las viviendas cercanas. El proyecto forma parte del Plan Nacional de Mitigación impulsado por el gobierno.

El titular del MOP, Romeo Herrera, explicó que el problema se originó por el colapso de una infraestructura de drenaje pluvial.

“En la colonia La Campanera, Soyapango, colapsó un pozo de aguas lluvias y generó que el terreno se fuera lavando, se perdieron varias viviendas. Antes, en este lugar, debido a la delincuencia era casi imposible entrar incluso realizar trabajos”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el ministerio, la intervención abarcó un área de 1,970 metros cuadrados y tuvo una inversión aproximada de $600,000.

Herrera indicó que la obra incluyó diferentes estructuras destinadas a controlar el flujo de aguas lluvias y estabilizar el terreno en el sector.

Obras ejecutadas en la intervención

Entre los trabajos desarrollados en el lugar se encuentran:

• Construcción de siete gradas de disipación con concreto ciclópeo.
• Colocación de aproximadamente 1,800 metros cúbicos de lodocreto.
• Reconstrucción de un pozo de aguas lluvias.
• Construcción de canaletas y drenajes superficiales.
• Perfilación y estabilización de taludes.
• Revestimiento con concreto armado y emplantillado de piedra en el cauce del río.

El ministro señaló que estas estructuras permitirán controlar la escorrentía durante la época lluviosa.

“Desarrollamos una obra importante, construimos siete gradas de disipación con concreto ciclópeo para controlar la escorrentía de aguas lluvias (…) Invertimos alrededor de $600,000 para garantizar que en este invierno las familias de La Campanera estén más seguras”, sostuvo.

El funcionario también indicó que durante la ejecución del proyecto se contrató mano de obra de la misma comunidad.

“Se emplearon varias personas que vivían en este sector. Es decir, que se generaron empleos; y ahora que la obra está terminada, genera otros beneficios porque va a garantizar una mayor seguridad para todas las familias del sector”, afirmó.

Por Redacción YSKL

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cuestionó el informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), al referirse a sus conclusiones sobre la política de seguridad del país.

El legislador brindó sus declaraciones durante la entrega de los trabajos de mitigación de una cárcava en el reparto La Campanera, donde se refirió a las recomendaciones contenidas en el documento presentado el pasado 11 de marzo.

“En resumen, estos expertos dicen que no están de acuerdo con el régimen de excepción y que tenemos que quitarlo”, afirmó Castro.

Según el presidente del Legislativo, el informe también cuestiona el proceso judicial seguido contra personas detenidas en el marco de esta medida.

“Dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, por lo cual deben salir”, señaló.

Castro sostuvo que, de acuerdo con la interpretación que hace de los señalamientos, la conclusión del informe implicaría la liberación de las personas detenidas.

“Como el proceso, dicen ellos, está mal hecho, ¿qué es lo que sigue a continuación? Pues que salgan”, expresó.

El legislador también mencionó que el documento cuestiona la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.

“Saben, vecinos aquí, ustedes que viven aquí en La Campanera, saben que esos expertos dicen que no están de acuerdo con que los elementos de la Fuerza Armada vengan a cuidarlos a ustedes”, dijo.

Castro indicó que la posición del Legislativo frente a esas observaciones es continuar con su labor.

“Nosotros, en el léxico de los diputados, les decimos: ‘Se toma nota’, y seguimos con nuestro trabajo”, afirmó.

Informe analiza impacto del régimen de excepción

El informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública” fue elaborado por el GIPES, un grupo integrado por juristas internacionales que investigó presuntas violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.

El documento, de 297 páginas, concluye que las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad debido a su carácter “generalizado y sistemático”, así como a su presunta ejecución como parte de una política estatal.

Entre sus recomendaciones, el grupo plantea poner fin al régimen de excepción, derogar la legislación penal asociada a esta medida y limitar la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública.

Bukele también cuestiona el informe

Las declaraciones de Castro se produjeron un día después de que el presidente Nayib Bukele se pronunciara en redes sociales sobre el documento.

El mandatario sostuvo que, a su criterio, el informe plantea que las detenciones realizadas durante el régimen de excepción han sido arbitrarias, y afirmó que esa interpretación implicaría la liberación de las personas detenidas.