Por Redacción YSKL
Una decisión cautelar del Tribunal Supremo de España suspendió temporalmente la inscripción en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron o están tramitando la nacionalidad española mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la “Ley de Nietos”.
La medida implica que, mientras no exista una sentencia firme, los beneficiarios de esta vía no podrán votar en los próximos comicios que se convoquen, salvo quienes acrediten determinadas condiciones relacionadas con el exilio de sus antepasados.
¿A quiénes afecta la medida?
El fallo de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que conservarán el derecho al voto quienes cuenten con una certificación consular que acredite que son hijos o nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.
La resolución ha generado incertidumbre entre miles de personas que accedieron a la ciudadanía española mediante esta legislación y entre quienes todavía tienen sus expedientes en trámite.
Nathaly Alviarez, directora del despacho de abogados VCA Firm, que ha gestionado decenas de procesos de nacionalidad bajo esta normativa, explicó que existe preocupación especialmente entre quienes aún esperan una resolución.
Algunos beneficiarios desconocen si tendrán que presentar documentación adicional para demostrar la condición de exiliado de sus antepasados.
Dificultades para acreditar el exilio
La exigencia de documentación podría representar un obstáculo para algunos solicitantes, particularmente en países donde los registros históricos son escasos.
Alviarez señaló el caso de sus clientes venezolanos, cuyos antepasados llegaron al país durante los años de exilio.
“Estamos hablando de años en que prácticamente no hay registros”, explicó.
Según la abogada, muchos de esos documentos son difíciles de localizar porque “la mayoría de la gente llegaba por puertos, entonces los registros se hacían un poco informales”, además de que parte de esos archivos se habría perdido con el paso del tiempo.
Por ello, quienes tienen sus procesos en curso esperan conocer cómo afectará la medida cautelar a sus expedientes y qué requisitos deberán cumplir para mantener el derecho al sufragio.
Medida surge de recursos de Vox e Iustitia Europa
La decisión del Supremo se originó en recursos contencioso-administrativos presentados por Vox e Iustitia Europa. Ambas formaciones habían solicitado previamente a la Junta Electoral Central (JEC) suspender la inscripción en el CERA de los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática.
Los partidos argumentaron que el voto de estas personas desde el extranjero no ofrecía el mismo “nivel de garantías” que el voto por correo emitido dentro de España.
Después de que la JEC se declarara no competente para resolver la solicitud, las organizaciones recurrieron esa decisión ante los tribunales.
Cruce de críticas entre Gobierno y oposición
La resolución provocó reacciones de los principales partidos políticos españoles. Vox celebró la decisión y ha acusado al Gobierno de intentar cometer un fraude electoral mediante una supuesta alteración del censo a través de la Ley de Memoria Democrática.
Desde el Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, también cuestionó al Ejecutivo y lo acusó de querer “alterar el censo electoral para adaptarlo a sus necesidades políticas”.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por su parte, manifestó su desacuerdo con la posición del Supremo y pidió que el tribunal resuelva “cuanto antes” el fondo del asunto.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, calificó la decisión como “una salvajada y un atropello democrático” durante una entrevista con Televisión Española.
En defensa de la posición del Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había señalado previamente que en las elecciones generales de 2023 solo alrededor del 8 % de los españoles residentes en el exterior participaron en la votación. Según Puente, ese voto favoreció al Partido Popular.
La suspensión es cautelar, por lo que la situación podría cambiar cuando el Tribunal Supremo emita una sentencia definitiva sobre los recursos presentados.
