Por Redacción YSKL
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma parcial de la legislación eléctrica que permitirá la participación de empresas privadas y extranjeras en la generación de energía, en medio de la prolongada crisis del servicio y de la apertura del sector petrolero a inversiones.
La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico fue avalada este martes, después de tres aplazamientos del debate definitivo.
La normativa establece que la generación podrá estar a cargo de la empresa operadora del Estado, compañías mixtas y empresas privadas que cuenten con la habilitación correspondiente.
Las concesiones para las compañías privadas podrán otorgarse por un plazo máximo de 25 años.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la reforma “no promueve en modo alguno la privatización” del sector, sino que busca permitir que empresas privadas participen en la generación y autogeneración de electricidad.
Rodríguez calificó de “necesaria” la apertura y explicó que los privados podrán proporcionar energía, principalmente, a grandes consumidores, industrias y centros comerciales.
Condiciones para las concesiones
La reforma establece que el Ministerio de Energía Eléctrica podrá otorgar concesiones para proyectos de generación superiores a 50 megavatios (MW), así como para actividades que involucren bienes de dominio público o sistemas de transmisión, distribución y comercialización en determinadas áreas.
Al finalizar la habilitación, las empresas deberán transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), o a quien se designe, los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante el período de concesión. Estos deberán entregarse libres de gravámenes.
La normativa también contempla que las controversias que no puedan resolverse mediante acuerdos entre las partes podrán ser sometidas a tribunales venezolanos o a mecanismos alternativos, como la mediación y el arbitraje.
Autogeneración para las empresas petroleras
Uno de los apartados de la reforma establece que las compañías petroleras deberán garantizar un suministro eléctrico continuo, regular y suficiente para desarrollar sus actividades primarias.
Para cumplir con esa obligación podrán recurrir a modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros.
La ley también indica que las empresas petroleras y las sociedades de generación eléctrica independiente no necesitarán autorización estatal para producir energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten con la red nacional.
Multas y penas por infracciones
La normativa establece sanciones económicas de hasta el 2 % de los ingresos brutos de los 12 meses anteriores a la infracción para las empresas que incumplan disposiciones relacionadas con sus instalaciones, desatiendan instrucciones de las autoridades o no proporcionen la información solicitada.
También contempla sanciones por negarse injustificadamente a permitir verificaciones e inspecciones.
Entre las disposiciones penales se incluyen:
- De dos a cinco años de prisión por el hurto de equipos.
- De dos a seis años por el hurto de energía eléctrica con fines de lucro mediante conexiones no autorizadas que superen los 5,000 kilovatios hora mensuales.
Una reforma en medio de la crisis eléctrica
Venezuela enfrenta problemas en su sistema eléctrico desde hace más de una década. Durante el último año, los apagones se han incrementado y han generado protestas en distintos estados.
La oposición y especialistas atribuyen las fallas a la corrupción y la falta de mantenimiento, mientras que el Gobierno las relaciona con las sanciones internacionales, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.
La reforma eléctrica se suma a otros cambios legales impulsados para abrir sectores estratégicos a la inversión extranjera. En ese contexto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió recientemente que “pronto” llegará un alivio a la crisis energética.
