Envían a juicio a acusados de muerte de Carla Ayala.

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer envió a juicio a Julio César Flores Castro Villalobos, ex jefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y otros 13 imputados más, acusados por diversos delitos, todos ellos involucrados en la muerte de la agente Carla Mayarí Ayala Palacios.

Los ahora procesados, ex miembros del grupo élite policial, son acusados de feminicidio agravado en comisión por omisión, receptación e incumplimiento de deberes, entre otros delitos. El caso de Carla cuenta con reserva total del proceso, sin embargo, al menos 13 testigos de cargo, proporcionados de la Fiscalía General de la República (FGR), dieron elementos a la Jueza para pasar a la siguiente etapa.

Según datos, el crimen se registró la madrugada del 29 de diciembre de 2017, en el interior de una de la sede del GRP en la colonia San Fernando de San Salvador, después de la celebración navideña de dicho institución. El principal sospechoso, Juan Josué Castillo Arévalo, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, quien se presume le disparó en la cabeza, por motivos aún desconocidos.

Consta en el expediente que el cadáver de Ayala Palacios, fue encontrado nueve meses después del hecho, enterrado en una tumba clandestina, ubicada en cantón Los Hornos de San Francisco Javier, Usulután.

Por otra parte, todos fueron enviados a vista pública, es decir, a juicio de Sentencia. Por lo que la Juzgadora reiteró la detención provisional para todos los señalados. “Si bien es cierto han manifestado que armaron un plan para tratar de capturar al imputado Castillo Arévalo, no fue pensado para cubrir ese fin, porque la víctima llegó al GRP, se quedó seis minutos en la patrulla, herida de bala y nadie veló por ella”, señaló el Fiscal del caso, Arturo Cruz.

Según el representante del Ministerio Público, se estableció que tanto Castillo Arévalo como los dos agentes que trasladaron a Ayala hasta Usulután, no se encontraron retenes policiales. Lo que se traduce en que no existió la intención del GRP, lograr capturar de los involucrados.

“Es más, se ha determinado que dentro del GRP hubo lealtad hacia el imputado” que llevó a que este escapara, sentenció. La jueza recalcó que hubo una “misoginia sistematizada” en la actuación de los oficiales.

En cuanto a la acción civil la jueza instructora resolvió, que las medidas reparatorias continúan para la etapa de sentencia. Es decir, la PNC se somete a pagar a la familia de Ayala una caución económica.

La vista pública se reprogramará en diciembre, para así evitar que se venza el plazo de detención de algunos de los imputados a quienes su fecha de detención provisional está por finalizar.