El Fiscal General, Raúl Melara, se refirió al caso del ex disputado Silvia Pereira quien fue deportado de Estados Unidos y presentado en la Cámara Primera de lo Penal, este mismo miércoles.
En este sentido Melara dijo que se procederá a acusarlo en el país; y de determinarse una condena, al cumplirla será remitido a Guatemala, ya que tiene casos pendientes en ese país.
“Él tiene casos pendientes en Guatemala, por lo cual ya fue requerido por el Gobierno de Guatemala, nuestra idea es procesarlo aquí en el país, y cuando sea condenado sea enviado a Guatemala para que afronte los procesos que tiene allá”, expresó.
El ex diputado por el partido PCN (2006-2009), guarda prisión en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca en La Paz, desde anoche. La decisión de las autoridades de Centros Penales fue bien recibida por Melara. “Me parece una decisión correcta por el grado de implicación del señor Silva”, afirmó.
Los delitos que pesan sobre Héctor Silva Pereira
La Fiscalía guatemalteca vinculó en febrero de 2009, al ex legislador salvadoreño con el asesinato en Guatemala, de tres diputados de El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer, en febrero de 2007.
En ese entonces Silva Pereira, se encontraba detenido en Arizona (EE.UU.) a la espera de ser extraditado al país para que responda por delitos de lavado de dinero y corrupción, sería el «autor intelectual» de la cuádruple matanza.
De acuerdo con las investigaciones efectuadas en Guatemala, se determinó la posible participación del señor Silva Pereira en la planificación, coordinación y ejecución de los asesinatos de los legisladores salvadoreños.
El móvil del crimen, según el fiscal, habría sido «una venganza» de parte de Silva Pereira en contra de los parlamentarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), porque estos aprobaron en noviembre de 2006 que le retiraran su inmunidad legislativa por delitos de lavado de dinero y corrupción.
La matanza, según la Fiscalía, habría sido planificada por Silva Pereira con el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, coordinada por el socio de éste Carlos Gutiérrez, alias «Montaña 3», y ejecutada por los integrantes de la denomina «Banda de Jalpatagua» y un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, vinculados a esa agrupación.
Castillo, Gutiérrez y siete supuestos integrantes de la «Banda de Jalpatagua», dedicada al narcotráfico, robo de furgones y asalto de turistas, se encuentran detenidos por este hecho, acusados de los delitos de cuádruple asesinato, conspiración, asociaciones ilícitas y encubrimiento propio.
Marroquín precisó que de acuerdo a sus investigaciones, «la muerte de los diputados fue planificada en San Salvador, el 4 de octubre y 12 de noviembre de 2006, y el 1 de febrero de 2007, en Jaltapagua Guatemala», fechas en las que Silva Pereira se reunió con ese objetivo con Castillo.
Silva Pereira, del Partido de Conciliación Nacional, fue desaforado de su escaño en la Asamblea Legislativa de El Salvador en noviembre de 2006, luego de ser vinculado a un escándalo de corrupción.
El retiro de su inmunidad fue promovida por los diputados del bloque de ARENA, entre ellos Eduardo D’Aubuisson, uno de los asesinados en Guatemala.
El 19 de febrero de 2007, los cadáveres calcinados de los diputados salvadoreños al Parlacen, D’Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte, así como su chofer
Gerardo Napoleón Ramírez fueron hallados en una comunidad rural del este de Guatemala.
Por este crimen, que conmocionó a las sociedades salvadoreña y guatemalteca y puso en evidencia la infiltración de grupos del crimen organizado en la PNC de Guatemala, se capturó inicialmente como autores materiales a cuatro agentes guatemaltecos.
Dos días después de estar detenidos, los agentes fueron asesinados en el interior de la cárcel de máxima seguridad donde fueron recluidos.
En los próximos días «solicitaremos la orden de captura internacional con fines de extradición de Silva Pereira, para que sea procesado en Guatemala» por este hecho, aseguró el fiscal Marroquín.
La revelación sobre la identidad del supuesto autor intelectual y los posibles móviles del crimen, dan un giro radical en las investigaciones de este hecho, dos años después de haber sido cometido.
En noviembre de 2016, el titular de la Fiscalía de ese entonces, Douglas Meléndez, enfatizó que algunas de las propiedades que pretenden pasar a una etapa de extinción de dominio son “casas, terrenos, ranchos, lotificaciones, y muchos más”.
Sumado a ello, el fiscal general detalló que la institución procedería en ese entonces a extinguir los bienes del exdiputado, Roberto Carlos Silva Pereira, por el delito de narcotráfico.
El fiscal Douglas Meléndez anunció que la Unidad Especializada de Extinción de Domino, realizará una ofensiva de expropiación para despojar de sus bienes a exfuncionarios acusados de delitos de corrupción y que, según las investigaciones los han obtenido con dinero ilícito y otros ilícitos de crimen organizado.
