Juan Valiente y Osiris Luna dirimen controversia por viajes.

Juan Valiente del partido Nuestro Tiempo y abogados del Director de Centros Penales, Osiris Luna, sostuvieron una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública; por la solicitud que hizo el primero, con referente a los viajes que realizó en 2019.


La audiencia se realizó para que ambas partes llegaran a un acuerdo para entregar la información de Luna; algo que ha sido negado “por no estar obligados a revelarla”, según lo argumentó Centros Penales en Noviembre del año pasado.


IAIP señaló un viaje a México que realizó Luna a finales del año pasado. Valiente solicitó a la institución el listado de esas salidas que Luna realizó, así como el destino, fechas, costos y objetivo de la misión.


Durante el desarrollo de la diligencia, ambas partes dieron sus alegatos a los comisionados; Valiente insistió que el informe que penales se niega a proporcionar “es información pública”.

“El artículo de la ley original no incluye los viajes públicos pagados con fondos privados, dentro de la información oficiosa (pero) no implica que la información deja de ser pública o de obligatoria difusión”, expresó.


El político recordó el numeral 1-11 del lineamiento 2 para la escogitación de información oficiosa, en el apartado de viajes actualizados, que categoriza los viajes privados como “información oficiosa”.


En este, se obliga a los funcionarios a detallar los fondos y la institución que les costee viajes cuyo origen de los fondos no sea conocido desde el gobierno. Valiente reiteró que no señalan a Luna de incurrir en un delito, sino más bien poner “en manifiesto la importancia de la rendición de cuentas”.


Por otra parte los abogados de Luna se avocaron a lo establecido en el Artículo 10 ordinal 11 de la IAIP, con el cual argumentaron que por ser de origen privado, no está previsto en la Ley IAIP entregar tales datos.


Además expusieron que los viajes no están contemplados en el artículo 34 de la IAIP, que establece las circunstancias por la que los entes públicos están facultados para entregar información, sin autorización del titular.


La resolución de la controversia se conocerá el próximo miércoles 22 de enero.