Por Javier Ponce
La mañana de este miércoles representantes de diferentes sindicatos aglutinados al Movimiento de Trabajadores Despedidos del Órgano Ejecutivo, se concentraron frente al Tribunal de Servicio Civil de San Salvador, para exigir que se agilicen los procesos de despidos de la Presidencia.
Según explicó Eduardo Bernal, desde hace siete meses que entró el nuevo Gobierno, los Magistrados del tribunal no han resuelto los 5,887 casos de despidos de 26 dependencias de la actual administración.
“Más de 100 compañeros solicitaron nulidad de los procesos y pidieron que se ordenen reinstalos de los despedidos de las dependencias del Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud y Tiendas de Centros Penales; hacemos un llamado a que actúen con objetividad y celeridad”, enfatizó.
Además sostuvo que entre los despedidos hay personas con discapacidad, embarazadas, y empleados con enfermedades crónicas, a las que se ignoraron sus condiciones.
Los manifestantes aseguran que han presentado más de 300 demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y también ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero no hay tenido ninguna respuesta.
Héctor Rodríguez, trabajador de las Tiendas Penitenciarias, afirmó que fueron separados de la institución por órdenes de las autoridades.
“Entre el 23 de Agosto y el 3 de Septiembre despidieron, de hecho, porque no entregaron carta a 158 compañeros. De esos, a los que se quedaron, que éramos 356, tampoco les pagaron salario desde julio, fue hasta finales de octubre que le pagan julio, y pagan de manera parcial, transgrediendo la ley de procedimientos administrativos”, señaló.
Rodríguez explicó que Penales reinstaló 37 despedidos y dejó fuera a 119 empleados.
De esos interpusieron 107 demandas a Cámara Laboral, de las cuales se admitieron seis, de esas, la Fiscalía solicitó que la Cámara se declarara incompetente, pero esta instancia resolvió que no ha lugar. Al resto, es decir, 101, el tribunal las declaró “improponible”.
Los ex empleados pidieron que el tribunal resuelva lo más pronto posible, ya que se ha demorado para emitir medidas cautelares, puesto que la ley le da un plazo de 90 días para responder.
