“Ellos (diputados) saben que los 109 millones es un recurso que viene a proveer una posibilidad de resolver aspectos que con el presupuesto ordinario no lo podemos hacer, han inventado una novela al respecto”, expresó la comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos.
Según la funcionaria, el gobierno ha recibido cuestionamientos en cuanto a los recursos que deben ser utilizados para seguridad, como la contribución especial de la telefonía que desde el año 2015 fue dirigida a seguridad; dinero que ha sido reorientado para el aumento salarial de los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Sobre la contribución especial, este año ha sido orientada al pago de los $100 mensuales que se está dando a la fuerza pública que por años no fue identificada (…) No hay tal dinero de la contribución especial para el plan”, afirmó.
Además, Recinos explicó que el presupuesto con el que cuenta el gobierno no hay recursos que puedan ser invertidos, ya que el 85% de este está orientado a gasto corriente y el resto “podría destinarse a recursos como equipamientos básicos. En el presupuesto no hay recursos de sobra y eso lo saben los diputados”.
Actualmente, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa continúa en los estudios para el financiamiento de la Fase III del Plan Control Territorial y acordaron citar a representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) este lunes, para ampliar información sobre el contrato de préstamo.
“Espero que ahora que lleguen los representantes del BCIE puedan quedar satisfechos porque este banco norma sus préstamos con base a políticas de adquisiciones de licitaciones internacionales (…) ahí vienen drones, visores, chalecos antibalas y equipamiento para el soldado y el policía que está en esta labor y mejorar las condiciones de estas instituciones, a medida tenemos mejores precios en los elementos, así es el presupuesto”, mencionó Recinos.
“Si la Asamblea Legislativa tiene una agenda de bloqueo que continúen, pero que sea la población la que emita su veredicto para ver quien trabaja por reducirles la violencia y quien no trabaja”, dijo la comisionada.
