El Abogado constitucionalista Jonathan Martínez, presentó un escrito en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra varios artículos del Decreto N°21 aprobado por el Gobierno en el que declara al país, territorio sujeto a control sanitario.
Dicha disposición incluye el establecimiento de cuarentena domiciliar obligatoria, restricción laboral de empresas, y suspensión de actividades que implican aglomeración de personas; esto por la amenaza de un contagio del COVID-19.
A consideración del profesional, “por jurisprudencia y doctrina internacional” el Ejecutivo no puede atribuirse dichas facultades, que no tengan una ley formal detrás “es decir aprobada por la Asamblea Legislativa”.
Para Martínez el decreto es inconstitucional, porque permite realizar detenciones, permite que agentes de seguridad pública allanen la morada, y autoriza el decomiso de vehículos a quienes sorprendan violando la cuarentena.
Además que las retenciones pueden propiciar a transgresiones a derechos humanos, al ser enviados a contención.
“Esto puede ser utilizado para que las personas sanas sean mezcladas con personas contagiadas, y puede hasta colapsar el sistema y priva la atención que sí padezcan la enfermedad”, aseveró el jurídico.
Según Martínez el único supuesto que habilita el confinamiento es el artículo 136 del código de salud.
“Un reglamento no es una fuente de derecho que pueda limitar derechos fundamentales”, advirtió. Agregó que pedirá a los Magistrados derogar los incides C y E del artículo 1 del Decreto y el Artículo 5.
