El Presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el decreto legislativo emitido la madrugada del 16 de abril, en el que se prohibía las retenciones de personas por incumplir la cuarentena domiciliar y en su lugar se fijaron multas o trabajos de utilidad pública como sanción.
Según el mandatario, la denominada «Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas Durante el Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia Covid-19» es vetada por inconstitucionalidad bajo tres premisas.
Seguridad jurídica
El presidente manifestó que el surgimiento de esta ley establece una doble regulación al estar en vigencia las acciones y medidas del decreto ejecutivo de cuarentena, por lo que «pretende omitirla pese a que no ha sido derogada», por lo que crearía una condición de incerteza jurídica.
«Se omite toda referencia al régimen jurídico vigente, que precisamente sirve de andamiaje a la actividad de policía sanitaria del Estado que se ha realizado a la fecha y se continúa desarrollando, minusvaloran el ordenamiento jurídico sectorial válido y vigente a la fecha», indicó.
Principio de proporcionalidad
Asimismo, Bukele resaltó que «lo que pretende sancionar la norma es el libre tránsito injustificado, porque con ello se pondría en riesgo la salud de la población salvadoreña, lo cual supone que su infracción debería de ser tanto o cuanto equivalente al riesgo que dicha población podría padecer como consecuencia del incumplimiento».
Es decir, la multa no es proporcional al bien jurídico (salud).
Derecho a la salud de la población
Así también, el Presidente Bukele aseveró que el decreto legislativo carece de medidas preventivas para satisfacer «la triple exigencia constitucional» de conservación de la salud, la asistencia médica que debe ser garantizada por el Estado y la vigilancia.
