Diputados de la fracción de ARENA, presentaron este viernes una pieza de correspondencia, para que la Asamblea Legislativa derogue el decreto 639 que contiene la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19.
Esto debido a que el Gobierno “está utilizando esta ley para justificar los abusos de poder que se están cometiendo contra salvadoreños y viola derechos de la población, logrando excesos que la ley no lo faculta”, sentenció el legislador Ernesto Vargas.
Los tricolores también criticaron las atribuciones que el Ejecutivo se facultó con los decretos 22 y 23, que se refieren a la restricción de la circulación entre municipios, suspensión de transporte público y regulación de salidas conforme al DUI de cada persona.
El decreto legislativo 639 –aseguran los parlamentarios- ha sido usado para “prohibir el transporte, que para empezar no es una medida sanitaria, es un castigo. Se está limitando la libertad de tránsito y el libre movimiento. La cadena de distribución está totalmente rota”.
“Las facultades que aprobamos nosotros era garantizar una cuarentena necesaria para evitar la propagación del virus; nosotros lo hicimos de buena fe, pero no se ha cumplido en los decretos que no están contemplados en la ley aprobada. El miedo no son medidas para la salud, Esto es regresar al cierre total que no estuvimos de acuerdo”, añadió Vargas.
El funcionario dijo que la bancada política podría estar en la disposición de mejorar la Ley de Regulación del Aislamiento y Cuarentena “pero respetando derechos de la población y respetando las sentencias de Sala de lo Constitucional”.
Casi simultáneamente otro Diputado, Carlos García Saade presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucional contra el Decreto 22.
Según explicó violó el artículo 2 de la Constitución al ampliar la restricción y motiva al régimen de excepción: “Limita la circulación algo que no puede hacer, esta ley que emitió la Asamblea no es un régimen, mucho menos se ha mandatado a segmentar a las personas por número de DUI para que puedan abastecerse de alimentos y medicinas”.
Otra inconsistencia de acuerdo con García Saade es la vigencia: El decreto ejecutivo 22 sobrepasa por dos días la fecha límite del decreto 639, legislación que sostiene las actuaciones del gobierno.
“El decreto legislativo es taxativo y finaliza el 19 de mayo, el decreto ejecutivo finaliza el 21 de mayo, esos dos días queda un limbo jurídico sobre qué pasaría, no puede aplicarse si no está la base del mismo”.
Además, señaló el Diputado que el decreto ejecutivo fue publicado antes que el legislativo. “Ahí existe una contradicción ya que el decreto Ejecutivo se basa únicamente para desarrollar el artículo 8 del decreto legislativo”.
