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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se pronunció por el supuesto caso de un soldado privado de libertad en la base de la Fuerza Naval de San Salvador.
De acuerdo con la denuncia el efectivo decidió salir e irse a su casa, cuando un Teniente y un Sargento le dieron una golpiza y lo refirieron a un pabellón “donde lo tienen amarrado y torturado”.
Al respecto la PDDH calificó de “una gravísima afectación al derecho a la integridad, libertad y seguridad personal”. El titular de la institución Apolonio Tobar, expresó que podría configurarse los delitos de “acto de tortura y privación arbitraria de la libertad e intimidación y coacción”.
Tobar añadió que los hechos podrían traducirse en una transgresión de convenios contra la tortura y tratos y penales crueles.
En ese contexto pidió al Ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy “realizar acciones urgentes” para verificar la veracidad de los hechos. En caso de ser ciertos, exhortó al jefe castrense a ordenar el cese inmediato de las violaciones a derechos ya mencionados, verificar si la víctima necesita atención médica e investigar e individualizar a los responsables.
“Coordinar y cooperar con la Fiscalía General de la República, para la investigación y determinación de responsables”.
En este último punto, también solicitó al Fiscal General Raúl Melara indagar el caso.
Melara y Merino Monroy deberán informar en un plazo de 24 horas el resultado de las acciones recomendadas.
