En la reunión entre representantes de Gobierno y diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se buscan llegar a consensos para emitir la Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía.
Sin embargo, entre otros punto, la suspensión de plazos procesales fue tema de discusión entre ambas partes, ya que en esta aunque involucra las materias civiles, mercantiles y penales, permiten la aplicación plena de la La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), su reglamento y lineamientos.
La representación gubernamental estableció que esto implicaría abrir las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) de las instituciones públicas y «eso generaría concentración de personas», según el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro.
Asimismo, el funcionario expresó que la negativa del Gobierno no se refiere a no rendir cuentas o información sobre los procesos, sino a la apertura de las OIR, pues esto haría que también se activen las oficinas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
«Lo que queremos es que la gente se resguarde por 15 días», añadió.
Castro reiteró que sí están de acuerdo en publicar información oficiosa planteada en ley; es decir, casos contagiados, nexos, personas en centros de contención, así como la ejecución de fondos.
La diputada Cristina Cornejo cuestionó la razón por la que este inciso fue añadido a la propuesta de ley del Gobierno si no se estaban de acuerdo con sus implicaciones.
Este artículo, por la falta de acuerdo en ese inciso, fue enviado al congelador para ser estudiado con posterioridad.
Aún no se define por cuanto tiempo será aplicada la suspensión, debido a que no se ha llegado a un acuerdo de la cantidad de días en cuarentena absoluta.
